El anuncio lo hizo ayer el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, un día después de la firma del acuerdo que incluyó este compromiso y que permitió que los comunarios de la zona liberen a los últimos tres rehenes que habían tomado durante las medidas de presión que realizaron en demanda de la reversión: el policía Herbert Pérez y los ingenieros de la Compañía Minera Mallku Khota, filial de SAS, Agustín Cárdenas y Fernando Fernández.
El viernes habían logrado huir de manos de los comunarios los técnicos Eustaquio Calle, Juan Pablo Mallco y Marco Antonio Leitón. El domingo, comunarios y autoridades del Gobierno acordaron, entre otros puntos, la anulación de la concesión minera y posterior reversión a manos del Estado, proceso que comenzará con la reunión de hoy en el Palacio.
Santalla aseguró que en reiteradas oportunidades el Presidente “ha manifestado no sólo (su interés de) revertir (la concesión minera), sino nacionalizar estas concesiones que se encuentran en manos de las compañías transnacionales, y esta decisión se mantiene”.
Por ello dijo que lo que se espera es “un consenso para la nacionalización de estas empresas” con el objetivo de beneficiar directamente al Estado y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta zona empobrecida. “Creemos que las riquezas que tiene el país (…) deberían pasar al Estado boliviano, la riqueza que se obtenga ser distribuida a los bolivianos y que los excedentes no puedan salir del país”, señaló.
Anticipó que para tratar la reversión de la concesión minera se pedirá un informe al Ministerio de Minería y reiteró que existe “la decisión política” del Presidente “para que los recursos naturales que están en manos de las empresas transnacionales pasen al Estado”.
El domingo, el presidente Morales y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, coincidieron, por separado, en que el traspaso de la concesión minera al Estado deberá ser previo consenso entre todas las comunidades de la región. Fuentes de SAS informaron que la empresa dará a conocer una posición oficial sobre la reversión en el transcurso de la semana.
El 28 de mayo, los ministerios de Minería y de la Presidencia, la Gobernación de Potosí y 45 comunidades del norte de Potosí firmaron un acta donde se garantiza la continuidad de las labores de prospección de la compañía (ver gris). Los dos ingenieros liberados el domingo habían sido capturados el 28 de junio y el policía el último jueves, durante un enfrentamiento con los comunarios de la zona, donde murió el campesino José Mamani, de 45 años, y otros cuatro fueron heridos.
El 2 de julio, los campesinos de las comunidades de Kalachaca y Karicari retuvieron a los tres técnicos, que el viernes lograron huir de sus captores del área rural. El 17 de junio, la compañía minera informó a este medio que la mina Mallku Khota no podrá ser explotada por cooperativistas o por los comunarios de la zona porque se necesita tecnología especializada para obtener el mineral diseminado del área.
Convenios firmados
Acta del 28 de mayo
• La Compañía Minera Mallku Khota, subsidiaria de la canadiense South American Silver, debe continuar con sus actividades de exploración y prospección.
• Se debe respetar las concesiones que actualmente tiene la empresa privada.
• La ayuda que actualmente brinda la firma que está paralizada, como las refacciones a colegios, viviendas y otros, debe seguir.
• Las clases deben reanudarse de forma inmediata.
• Las postas de salud deben restituir el servicio.
• Las instancias legales deberán brindar mayor seguridad policial en sitios como Sacaca y Acasio.
Acta del 8 de julio
• Reversión de la concesión a South American Silver.
• Indemnización a la familia del comunario muerto, José Mamani Mamani .
• Una fuente laboral para un familiar del fallecido.
• Cobertura de los gastos médicos de los cuatro campesinos heridos de bala.
• No adopción de acciones legales contra ninguno de los comunarios.
• Investigación para que los policías sean procesados. De ser culpables, serán sancionados de acuerdo a ley.
• Justicia comunitaria para los dos ingenieros.
• Apoyo legal para acelerar el caso de Cancio Rojas.
La medida fue discutida desde el año 2011
El Gobierno informó que hace más de un año el Órgano Ejecutivo “tenía la intención” de revertir a favor del Estado la concesión minera otorgada a la Compañía Minera Mallku Khota, filial de la canadiense South American Silver, pero no se concretó debido a que no había un acuerdo entre los comunarios del norte de Potosí.
“El Gobierno boliviano tenía siempre la intención de suspender el contrato con la empresa y revertir esta concesión a favor del Estado desde hace más de un año, pero lo que pasa es que no había acuerdo entre los propios pobladores”, señaló ayer la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
Este domingo, el Ejecutivo suscribió un acuerdo con autoridades originarias de Mallku Khota que establece el compromiso de anular la concesión minera de la compañía y el posterior análisis de la reversión, el cual está en manos del presidente Evo Morales y el gabinete. Dicho convenio permitió la liberación del policía Herbert Pérez y los ingenieros Agustín Cárdenas y Fernando Fernández, quienes fueron tomados como rehenes por comunarios de Mallku Khota. El 7 de junio, el ministro de Minería, Mario Virreira, abrió la posibilidad de revertir la concesión de la firma para que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) lleve adelante los “trabajos de exploración” del proyecto minero, previo “consenso social” entre comunarios del norte de Potosí.
El 31 de mayo, La Razón informó que el vicepresidente Álvaro García no descartó que el Estado se haga cargo de las labores de exploración y explotación de dicha mina. Para ello, pidió a los comunarios de esa región que asuman una sola posición.
