La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, afirmó hoy que el Gobierno no puede responder por la formación y actitud de las personas implicadas en delitos de corrupción. Recordó que fueron elegidos los mejores profesionales para ocupar cargos ejecutivos y estratégicos en YPFB: «Lamentablemente esto ha sucedido y les vuelvo a decir que es un tema de personas, se trata de un tema de formación».
Suxo, a su salida de Palacio Quemado donde sostuvo reuniones en horas de la mañana fue abordada por un grupo de periodistas que le consultaron sobre el daño económico al Estado, a lo cual respondió: «Eso es algo que yo no puedo decir… Eso es algo que debe ser calificado por el Ministerio Público (…) Ese es un tema que el Ministerio Público lo tiene que evaluar».
«Ojalá los fiscales cumplan con el tiempo previsto con este proceso… Ya hay detenidos y también se ha pedido la ampliación contra varias otras personas, pero esa es una tarea exclusiva del Ministerio Público, el presidente de YPFB ha hecho lo que tenía que hacer; la denuncia, además de delegar a sus abogados para que lleven adelante todo este proceso», dijo.
La Comisión de Fiscales Anticorrupción, compuesta por Carlos Candia y Anuncio Piérola, citará a una veintena de personas integrantes de la comisión calificadora de los proyectos de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, por supuestas irregularidades en contratos que superan los 600 millones de dólares. Por lo que también se amplió las investigaciones a personeros de las empresas que participaron en las licitaciones, entre ellas Pentechs, Aesa y una alemana.
Gerson Richard Rojas Terán, ex gerente nacional de planta de separación de líquidos de YPFB está acusado por uso indebido de bienes del Estado y posible enriquecimiento ilícito, al igual que Agustín Javier Ugarte Méndez, ex director de proyectos Gran Chaco. Ambos ex ejecutivos mantenían una estrecha relación de amistad y, según las pesquisas, aumentaban los puntos de montos para las licitaciones con el fin de favorecerse con miles de dólares.
La ministra referente a la similitud de este nuevo hecho de corrupción con el caso de Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, quien fue sentenciado en enero pasado a 12 años de cárcel por delitos de corrupción en la adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice, encargada de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, señaló que no sólo se trata de tener leyes que sancionen la corrupción, tal como dijo el presidente Evo Morales.
«Se trata de las actitudes… nosotros no podemos responder por la formación de las personas, lamentamos mucho que estas personas no hayan tomado en cuenta que es una de las principales empresas, una empresa estratégica, la cual todos los bolivianos y bolivianos le estamos brindando nuestro apoyo y le estamos dando nuestro hombro. Pero como es nuestra política en el Gobierno vamos a llevar adelante este proceso hasta las últimas consecuencias y por supuesto con toda la dureza que este caso amerita», sostuvo Suxo, para quien con este nuevo escándalo de corrupción existiría la intensión de hacer quedar mal al Gobierno, pero que el Ejecutivo no se rendirá por eso: «Vamos a seguir avanzando, seguimos apostando por nuestra empresa estratégica y le vamos a dar todo el apoyo y respaldo que necesita».
