La Jindal Steel & Power (JSP) decidió ayer dejar el país porque no aceptó las cuatro condiciones que el Gobierno le impuso para dar continuidad al contrato para la explotación del yacimiento de hierro del Mutún. El Ejecutivo habla de una nueva licitación.
La decisión asumida por la compañía india se dio luego de la reunión que sostuvieron ayer en Santa Cruz los miembros del directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), el ministro de Minería, Mario Virreira, y los ejecutivos de la Jindal Steel Bolivia (JSB), que es subsidiaria de la JSP.
“No se ha podido llegar a un acuerdo entre ambas partes, lamentablemente no ha sido posible, así que les deseamos todo lo mejor, nos vamos del país, éste ha sido el último diálogo”, manifestó el gerente de Asuntos Legales de la Jindal, Jorge Gallardo.
La primera condición impuesta por el Gobierno a la Jindal es que deposite $us 2.100 millones en la cuenta de un banco acreditado en el país, como prueba de que posee los suficientes recursos económicos para consolidar el proyecto siderúrgico en Puerto Suárez.
La ESM y la JSB firmaron un contrato de riesgo compartido el 18 de julio de 2007 para explotar el 50% del yacimiento de hierro del Mutún. De acuerdo con el pacto, la JSB debía invertir $us 2.100 millones ($us 600 millones en los dos primeros años).
La segunda condición es que el Gobierno no frenará los procesos penales que se siguen en el Ministerio Público en contra de los ejecutivos de la JSB. La tercera, rechaza la reposición de la boleta de garantía por $us 18 millones que fue ejecutada por la ESM, por no haber sido renovada hasta la primera semana de mayo de este año.
Por último, el Ejecutivo remarcó que la empresa deberá concluir con las negociaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre el abastecimiento de gas natural para el proyecto. Ayer, el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, precisó que se prevé dotar inicialmente al proyecto de 2,5 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) y no los 10 MMmcd solicitados por la compañía transnacional.
“Hoy nos comunica Jindal que tiene el propósito de resolver el contrato con el país, no es una resolución definitiva pero ellos reconfirman un pedido anterior que tenía la intención de disolver el acuerdo, esta intencionalidad ha sido ratificada”, explicó Virreira.
El 12 de junio, la empresa siderúrgica expresó al Gobierno, a través de una misiva, su intención de resolver el contrato. Según el contenido de la carta, el Ejecutivo tenía un plazo de 30 días para responder, computables a partir del quinto día de la notificación (8 de junio), que feneció el jueves 12.
El viernes 13, Jorge Gallardo informó que la Jindal envió a la ESM otra misiva que condicionaba al Gobierno la reanudación de labores para continuar con el proyecto del Mutún.
Las condicionantes eran que el Ejecutivo tenía que garantizar la no nacionalización de sus inversiones, el levantamiento de los procesos judiciales en contra de los ejecutivos de la Jindal, solucionar la ejecución de su segunda boleta de garantía por $us 18 millones y se deje sin efecto la auditoría.
El ministro Virreira manifestó ayer que en un tiempo perentorio se convocará a una nueva licitación internacional para explotar el proyecto siderúrgico que deja la Jindal. “Esta vez tendremos más cuidado al seleccionar a la empresa que se adjudicará el contrato”.
Además, el presidente de la ESM, Ricardo Cardona, adelantó que el otro 50% del Mutún será explotado con inversión nacional. “Vamos a asumir esa responsabilidad los bolivianos”, afirmó.
Emergencia. El presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Santander, informó a La Razón que su sector se declaró en estado de emergencia y adelantó que pedirá al Gobierno un proyecto alternativo minero siderúrgico.
“Queremos ser parte de una comisión de control y ver de cerca qué se hará con el 50% que le correspondía a Jindal, desde hoy (ayer) nos declaramos en estado de emergencia”, expresó.
