La empresa india Jindal Steel & Power anunció hoy que exigirá a Bolivia que le pague por los daños y perjuicios causados por la rescisión del contrato para explotar la mina de hierro El Mutún, situada en la frontera con Brasil, de la que culpa al Gobierno de Evo Morales.
«Debido a la actitudes anti inversionistas y de no cooperación al inversionista extranjero por parte del Gobierno de Bolivia (…), Jindal Steel Bolivia no tenía otra alternativa más que rescindir el Contrato de Riesgo Compartido», justificó la firma en un comunicado difundido en La Paz.
Jindal acusó al Gobierno de «fracasar» en la resolución de los problemas que le impidieron trabajar en la mina y anunció que «mediante la vía legal que corresponda» ejercerá su derecho a reclamar el «pago de todos los daños y perjuicios relacionados con el Contrato de Riesgo Compartido».
La empresa aseguró que rescindió el contrato «después de agotar todos sus esfuerzos para resolver todos los problemas y llevar adelante el proyecto» y tras ver una supuesta «falta de voluntad» en el Ejecutivo de Morales para cumplir el convenio.
Jindal firmó en 2007 un contrato con el Gobierno de Morales para explotar la mitad de esa mina situada en la región oriental de Santa Cruz, limítrofe con Brasil y Paraguay, que tiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.
La empresa anotó que uno de los principales incumplimientos del Gobierno boliviano consistió en no poder garantizar la provisión de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural para sus operaciones y ofrecerle solo la cuarta parte de ese volumen.
La explotación de El Mutún y la instalación de una siderúrgica eran el mayor proyecto minero de Morales, con el compromiso de una inversión global de 2.100 millones de dólares en ocho años.
El ministro de Minería, Mario Virreira, dijo, de su parte, que Jindal se va porque el Gobierno no aceptó la condición de que cese una investigación sobre sus inversiones, ni devolver 36 millones de dólares con que le multó por supuesto incumplimiento del contrato.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, afirmó en una rueda de prensa que la empresa no cumplió con sus inversiones, que hasta este año debían rondar los 600 millones de dólares.
Aseguró que el Gobierno solo observó en el lugar de operaciones maquinarias por casi 4 millones de dólares.
No obstante, la empresa ratificó en su comunicado que sí realizó la inversión comprometida y facilitó al Gobierno todos los documentos para verificarlo, aunque no estaba legalmente obligada a hacerlo porque las autoridades incumplieron su parte.
García Linera insistió en que para Bolivia la experiencia ha sido «terrible, dolorosa» y que en adelante tendrá que ser más exigente y cuidadosa a la hora de calificar a las empresas para el proyecto, pues ahora también hay interesadas de Corea del Sur, China e Italia.
El Gobierno de Morales, según Linera, va a «relanzar» el proyecto que, además de los capitales privados, cuenta con una inversión estatal para explotar la otra mitad de El Mutún con montos menores.
