La protesta está encabezada por el alcalde de esa localidad, Ernesto Renjifo, quien explicó que el Municipio pretende cobrar una tasa de 7 bolivianos por tonelada extraída del yacimiento, al cuestionar la validez de un acuerdo firmado entre la empresa cementera y los comunarios del lugar que establecía un pago de 2 bolivianos por tonelada.
Renjifo dijo que las actuales leyes en vigencia respaldaban la posición del Municipio, aunque sostuvo que estaba dispuesto a «negociar» un monto final con los ejecutivos de la empresa cementera.
Asimismo, la autoridad declaró que Fancesa estaba «incumpliendo» normas establecidas en cuanto se refiere al mantenimiento del medio ambiente, al señalar que esa empresa no había procedido a reforestar un área importante del lugar tal como se había comprometido hace varios años.
Por su parte, el presidente del directorio de Fancesa, Eduardo Rivero, dijo que el conflicto se había generado por discrepancias entre los comunarios de La Calera y Carvajal con el alcalde de Yotala, situación en la que la empresa «no tiene nada que ver».
Además, Rivero señaló que la única obligación que tiene Fancesa es cumplir con el compromiso sustraído con la comunidad, el cual se enmarca -dijo- en las leyes que rigen la explotación de recursos naturales y especialmente aquellos resultantes de las peticiones mineras.
Asimismo, el ejecutivo de Fancesa sostuvo que el alcalde Renjifo «quiere disponer de esos recursos» y evitar así que estos sean administrados directamente por los beneficiarios del convenio, es decir, los vecinos de los yacimientos de puzolana.
