“Es imprescindible que el Ejecutivo instaure un mecanismo de apelación y revisión de las solicitudes que garantice a los sobrevivientes y los familiares de víctimas su legítimo derecho a obtener reparaciones por las violaciones sufridas”, señaló María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de AI, según un comunicado de prensa de esa organización de defensa de derechos humanos.
El documento sostiene que desde la promulgación de la Ley 2640, sobre resarcimiento a víctimas de violencia política de 2004, el Ministerio de Justicia recibió alrededor de 6.200 solicitudes, de las que 1.714 fueron calificadas como beneficiarias. Agrega que sólo 800 habrían recibido “alguna compensación económica”.
El pedido de AI, sobre una instancia de apelación, está destinado a las más de 4.450 que no habrían sido calificadas, de las que, señala, algunas mantienen una protesta frente al edificio del Ministerio de Justicia.
Este diario intentó ayer entrevistar a la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, pero no lo logró. Sin embargo, anteriormente esta autoridad, al referirse a la movilización de las personas no calificadas, dijo que estas personas contradicen al artículo 20 de la citada ley, ya que establece que “la procedencia o no de la reconsideración, será resuelta dentro de los siguientes diez días de su recepción, resolución que tendrá carácter irrevisable”. En ese sentido, afirmó que no se puede revisar ningún trámite.
Al hacer una evaluación sobre el proceso de calificación de víctimas de la violencia, Eva Parada sostiene que “los requisitos impuestos por las autoridades para obtener las reparaciones establecidas por ley han sido sumamente restrictivos y han imposibilitado a muchas víctimas acceder a cualquier medida de reparación, además de promover la revictimización de muchas de ellas”.
Las víctimas y los familiares de la violencia política, en La Paz, protagonizaron ayer una marcha de protesta en la que pidieron que se desclasifique los archivos militares de los gobiernos de facto, se identifique a los responsables y se los castigue. Este grupo también realizó un mitin en el ingreso al mirador Laikakota, en Miraflores, desde donde —indicó— se resistió a la dictadura militar.
Demanda de Amnistía al Gobierno
Reparación
Las autoridades de Bolivia deben otorgar reparaciones integrales a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares y autoritarios, indica Amnistía Internacional.
Procesos
“A pesar de algunos pasos positivos que se han tomado, incluyendo la exhumación de restos de desaparecidos, no se han logrado avances en la identificación y enjuiciamiento de los responsables”, observa la organización.
