La empresa india Jindal Steel Bolivia (JSB) busca obtener al menos $us 300 millones por su salida del proyecto siderúrgico del Mutún (Santa Cruz). El dinero es por la inversión que la compañía asegura haber realizado y los ingresos proyectados por la explotación de hierro.
Así lo hizo conocer ayer el abogado de JSB, Jorge Valda, quien señaló que si en las próximas semanas los ejecutivos de la firma india y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) no logran arribar a un acuerdo en una reunión extraordinaria, se demandará una compensación al Estado boliviano.
El abogado dijo que el pedido será realizado en el arbitraje para la resolución del contrato de riesgo compartido del proyecto siderúrgico del Mutún, el cual fue firmado entre la estatal ESM y JSB el 18 de julio de 2007.
Valda aclaró que el perjuicio ocasionado a la compañía, al no habérsele permitido continuar con el proyecto siderúrgico, inicialmente alcanza a $us 100 millones, cuyo monto se triplicaría si se suman los beneficios y las utilidades no percibidas.
“La inversión de la Jindal (en el yacimiento de hierro) supera los $us 100 millones (o) $us 150 millones. El segundo elemento que seguramente triplicará la primera suma son los beneficios y las utilidades no percibidas. No olvidemos que era una inversión de $us 2.100 millones que tenía que ser realizada progresivamente”, recordó.
El 18 de julio, el ministro de Minería, Mario Virreira, dijo que se interpondrá un proceso legal contra JSB por daño económico al Estado y agregó que se pedirá una compensación económica a la empresa por haber incumplido con la inversión de $us 600 millones para los dos primeros años del proyecto siderúrgico.
El 16 de julio, Jindal envió una carta a la ESM en la que dio por terminado el contrato de riesgo compartido. La misiva fue enviada en cumplimiento a los 30 días de plazo fijado en el documento y después de que el 8 de junio la firma notificara a la ESM su intención de terminar con el acuerdo por la falta de una cláusula que garantice el suministro de gas natural para el complejo siderúrgico y a que no se le entregó saneada la totalidad de las tierras en el área del proyecto. La cláusula 42.1 del contrato indica que si el problema no se resuelve, el caso podrá ser elevado a los máximos ejecutivos de las partes, quienes tendrán un plazo máximo de 90 días calendario para tomar una decisión. En caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo, JSB o la estatal ESM podrán acogerse a la cláusula 42.3 referida a que cualquier controversia deberá ser resuelta a través de un arbitraje.
Desarrollo del proceso jurídico
Arbitraje
La cláusula 42.3 del contrato dice que la sede del arbitraje será dentro del territorio nacional. Las leyes aplicables serán “de la República de Bolivia”.
Defensa
Valda indicó que una auditoría interna determinará el monto total que se demandará en el arbitraje.
Juez Guerrero definirá recurso
El abogado de la empresa Jindal, Jorge Valda, dijo que está a la espera de que el juez cautelar Carlos Guerrero defina el recurso de inaplicabilidad presentado en contra del fiscal Aldo Ortiz. Valda indicó que el juez ya notificó a Ortiz sobre el recurso. Además, explicó que si éste se pronuncia a favor de la demanda, el fiscal deberá suspender la investigación que realiza en contra de los ejecutivos de Jindal en tanto se resuelva el caso “en un proceso arbitral”.
El fiscal Ortiz inició en mayo una pesquisa contra los ejecutivos de la firma india por ser los presuntos responsables del delito de incumplimiento de contrato del proyecto siderúrgico.
