En el marco de la norma que endurece el control del lavado de dinero en el sistema financiero, la banca pidió al Ejecutivo disminuir los requisitos para los usuarios que realizan “operaciones de menor tamaño” en las entidades bancarias.
“En el caso de los usuarios, es importante fijar montos mínimos para establecer la obligatoriedad de pedir información acerca de la naturaleza de una determinada transacción”, dijo el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Marcelo Montero, en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón.
El ejecutivo añadió que los usuarios (personas que no son clientes de los bancos) “son reacios a brindar información de sus operaciones bancarias”, en especial cuando se trata de “operaciones de menor tamaño”. Montero también recordó que, en su oportunidad, se hizo conocer a las autoridades sobre la complejidad operativa de algunas disposiciones que se aplican especialmente a operaciones pequeñas de usuarios.
Esta situación, dijo, causa molestias a las personas que no son clientes de los bancos. Este medio informó el 3 de junio que los usuarios y clientes de las entidades financieras deben brindar requisitos e información en cumplimiento a una norma que endurece el control a las operaciones vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que causa demora en la atención al cliente.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) aprobó el 15 de octubre de 2011 un instructivo que establece reglas para la prevención, detección y control de operaciones vinculadas con la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros delitos en las actividades de intermediación financiera.
Por ejemplo, la entidad financiera debe pedir datos al cliente o usuario cuando abra una cuenta corriente, una caja de ahorros, cuando haga transacciones o transferencias iguales o mayores a $us 10 mil, o cuando cobre cheques, entre otros.
Montero señaló que en el caso de los clientes de los bancos, que abren una cuenta u obtienen un crédito, “la debida diligencia” debe mantenerse “independientemente del tamaño de sus operaciones” financieras. A la fecha, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) inició la evaluación y el análisis de la resolución administrativa aprobada en octubre de 2011 con el objetivo de flexibilizarla.
