La presidenta en ejercicio, Gabriela Montaño, informó que la tenencia y uso de explosivos en las movilizaciones sociales se sancionará de uno a cuatro años de cárcel. El Ejecutivo indicó que sólo se permitirá la utilización de petardos en las manifestaciones.
“El uso de explosivos que pongan en riesgo la vida de las personas pasará por la vía penal y en esa vía está definida una sanción de uno a cuatro años de cárcel”, dijo ayer Montaño tras la aprobación del Decreto Supremo 1359, referido a este tema. Explicó que la disposición no afecta al uso de explosivos en actividades como “la industrial, minera, petrolera, de construcción u otras con fines laborales o productivos”.
El Órgano Ejecutivo prohibió el miércoles, vía decreto supremo, la tenencia y uso de “bombas, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos u otras sustancias relacionadas” en manifestaciones sociales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada. La norma establece que “las y los participantes en movilizaciones que causen daños a terceros o al patrimonio público o privado responderán civil y penalmente por sus actos”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que la penalización del uso de explosivos está tipificado en el actual Código Penal. “Estamos desarrollando ese tipo penal para que los materiales explosivos, sustancias peligrosas y detonantes sean penalizados, y que, consiguientemente, la Policía y el Ministerio Pública procedan a su decomiso e incautación en caso de que esta tenencia tenga la dirección de usarse con fines peligrosos”, dijo el funcionario.
La disposición legal también establece que el incumplimiento a dicha prohibición ocasionará una “responsabilidad penal”, por lo que la Policía deberá proceder a la “aprehensión de las personas responsables de acuerdo al procedimiento penal”. Romero indicó que el decreto garantiza el derecho a la movilización. Montaño sostuvo que la utilización de petardos no está prohibida en la norma debido a que “no está poniendo en riesgo la integridad física ni la vida de otras personas”.
El secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores la Empresa Minera Colquiri (EMC), Orlando Gutiérrez, señaló que “no se ha consensuado” con los sectores la emisión de esta norma, “ya que no pueden atentar contra el arma de lucha del trabajador minero”. El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, rechazó la norma debido a que no fue consensuada con su sector.
El 18 de septiembre, el minero sindicalizado Héctor Choque falleció a causa de la explosión de un cachorro de dinamita presuntamente lanzado por los cooperativistas contra la sede sindical. Romero reiteró ayer que se presentó una última propuesta a los asalariados de la EMC, que incluye la participación de “peritos externos” en la investigación iniciada por el deceso de Choque para establecer las causas de su muerte e identificar a los responsables. Los trabajadores rechazaron la propuesta y plantearon dos opciones alternas.
El código Penal y la sanción
Norma
El artículo 211 del Código Penal dispone que la persona que atente contra “la integridad corporal o bienes ajenos” con material explosivo será sancionada con privación de libertad de “uno a cuatro años”.
El primer día de paro de la COB fue parcial
La primera jornada de paro movilizado de 72 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) en apoyo a los mineros asalariados de Colquiri tuvo acatamiento parcial. El sector demanda la reversión del distrito minero al Estado. En La Paz, la medida fue acatada por los mineros asalariados, el magisterio y los trabajadores de hospitales, así como de la universidad pública. Mientras, los transportistas y otros sectores económicos y de servicios laboraron con normalidad.
El paro debía ser acompañado con una marcha que se suspendió por la poca participación de los sectores. Los asistentes hicieron un mitin que se disolvió por peleas internas de algunos dirigentes.
En Oruro, los trabajadores en salud, municipales, de la Comibol, fabriles y de la casa de estudios estatal protagonizaron una marcha para exigir al Gobierno la nacionalización del 100% de Colquiri. En Cochabamba el paro fue acatado por los empleados de salud, del magisterio rural y administrativos, y estudiantes de la universidad pública. En Sucre lo acataron los maestros, salubristas y la universidad.
