El Gobierno denunció una “campaña de distorsión” sobre los contenidos del proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado y expresó su disposición a negociar, sobre todo con gremialistas sobre la modificación del monto, 70 mil bolivianos, que activa los mecanismos de la ley en caso de bienes producto o usados en ilícitos como el contrabando o el narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, defendió en conferencia de prensa el contenido del proyecto y negó que, como lo anunció la presidenta de Diputados, Rebeca Delgado, haya sido modificada en un 60% porque si hubiera sido así –explicó- dejaría de ser una propuesta del Ejecutivo. “No ha dimensionado bien la presidenta de Diputados”.
La dirigencia de los choferes y de los gremiales rechaza la propuesta de Gobierno porque consideran que los expone a la incautación de sus bienes por el trabajo que realizan. Los choferes sostienen que, si encuentran en sus vehículos productos de contrabando o droga de uno de sus pasajeros corren el riesgo de que pierdan sus unidades de trabajo y otros bienes.
En tanto que los gremialistas tienen cinco observaciones, entre ellas el que los dueños de casa en las que dejan su mercadería ya no lo permitan ante el temor de que haya irregularidades en la mercadería, la base de 70 mil bolivianos para iniciar la acción de extinción y los plazos para demostrar la legalidad de los bienes habidos.
Romero explicó que están dispuestos a discutir, sobre todo con los gremiales el denominado “piso” que activa los procesos de extinción en caso, aclaró, de que pueda existir un proceso instaurado. “Estamos de acuerdo en que hay que rediscutir esa cifra”, señaló.
El artículo 6 de la propuesta de ley, dirigido al ámbito de la aplicación, define que esta norma se empleará sobre bienes cuyo valor individual o en conjunto sea igual o superior a 70 mil bolivianos, que equivale a cerca de 10 mil dólares.
Denunció que hay una “campaña de distorsión. “(A los comerciantes) En la Uyustus (en La Paz); en las Siete Calles, en Santa Cruz; en la Cancha, en Cochabamba se les ha dicho que a través de este proyectos de ley van a perder sus televisores, grabadoras y mercancías, es absolutamente falso”.
En el artículo 5, referido a las causales de la extinción de dominio de bienes, se establece que el patrimonio proveniente de la comisión de los cuatro delitos de narcotráfico, contrabando, corrupción pública o legitimación de ganancias ilícitas serán susceptibles a ser confiscado a favor del Estado.
En el caso de la corrupción pública se aplica a quienes incurrieron en delitos vinculados a la legitimación de ganancias ilícitas. Además, aquella persona acusada, por ejemplo por narcotráfico o contrabando tiene un plazo de 10 días para demostrar la legalidad de la obtención de sus bienes en caso de flagrancia y de 15 días en caso de no flagrancia. Para aquellos acusados que están fuera del lugar de residencia, el plazo correrá cuando estén en la zona de sus bienes.
Los terceros están excluidos de la aplicación de la norma, por ejemplo un banquero que prestó dinero sobre una casa, ese bien no puede ser afectado, el propietario de una vivienda que la alquilo y que su inquilino incurrió en el delito de narcotráfico, o el chofer que, en cumplimiento de un contrato llevó una mercadería que fue incautado por ser de contrabando, detalló la autoridad.
Romero informó que la herencia también están excluida de la norma y anunció que está dispuesto a acudir a cualquier instancia de diálogo para despejar las dudas sobre esta iniciativa legal.
