Los fiscales de materia de los juzgados 1° y 3° de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de La Paz imputaron formalmente a los representantes legales de dos empresas, por la comisión del delito de apropiación indebida de aportes de jubilación de sus trabajadores.
La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), a través de un comunicado, informó el viernes que la imputación formal se realizó contra los representantes legales de las empresas Hotelera Nacional SA y BCP Alpaca Designs SRL.
El comunicado no indica los nombres de los imputados, pero señala que la acusación se realizó con base en el artículo 118 de la Ley de Pensiones 065 que incorpora el artículo 345 Bis al Código Penal (de delitos previsionales). Se espera que las autoridades competentes, en ambos casos, señalen fecha para la audiencia de medidas cautelares que se prevé será esta semana.
El parágrafo I del citado artículo estipula que “el empleador que se apropiare de las contribuciones destinadas al Sistema Integral de Pensiones (SIP), en su calidad de agente de retención y no los depositare en la entidad señalada por Ley, dentro de los plazos establecidos para el pago, incurrirá en privación de libertad de cinco a 10 años y multa de 100 a 500 días”.
También establece que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación ante el Sistema Integral de Pensiones, con relación a las contribuciones o aportes solidarios no pagados, más los intereses y recargos si correspondiese, quedando extinguida la acción penal.
El artículo 107 de la Ley de Pensiones indica que el empleador incurre en mora al día siguiente de vencido el plazo establecido para el pago de contribuciones, y que deberá pagar el interés por mora y la utilidad incremental por las contribuciones no pagadas.
El 6 de noviembre, durante la inauguración del edificio de la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, conminó a los empleadores a pagar sus deudas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pues, de lo contrario, dijo que irán a la cárcel tras un proceso judicial, tal como lo establece la Ley de Pensiones ante el incumplimiento de las contribuciones a la seguridad social.
“Van a ser sancionados los ejecutivos, como está establecido en la ley, y por tanto si no pagan irán a la cárcel, porque así lo establece nuestra Ley de Pensiones que vamos aplicar a rajatabla. Son muchas las empresas que no están cumpliendo el mandato”, advirtió Arce a los empleadores.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, en una nota publicada en este diario el 21 de septiembre de 2011, informó que las AFP ya habían iniciado procesos coactivos y penales a empleadores que adeudan al SIP.
Guillén añadió que antes de que se inicie un proceso coactivo o penal a un empleador, se determina el incumplimiento del pago al SIP, después de una investigación que determinó el adeudo con las AFP. El 4 de noviembre, la APS publicó los nombres de las 20 mayores deudoras a las AFP: Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, cuyos empleadores tienen procesos ejecutivos.
Juicios a empresas
Procesos
El 12 de noviembre de 2012 este diario informó que las AFP iniciaron juicios penales a un centenar de empresas como el LAB, AeroSur, Club Bolívar, PAT, Universidad Mayor de San Simón, Matex, Hilasa, Mex y Utex, entre otras.
