La nueva Ley de Inversiones está destinada a atraer recursos para el desarrollo del país y no tanto para brindar seguridad jurídica al sector empresarial, pues tales garantías ya están en la Constitución Política del Estado (CPE).
“No es una ley que dé seguridad jurídica, la Ley de Inversiones debe ser una ley que apoye, promueva el crecimiento y el desarrollo de un país. Ya tenemos elementos dentro de nuestra Constitución que permiten estos elementos legales y jurídicos, la ley debe ser un instrumento efectivo de atracción de recursos”, indicó ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro.
La ministra Caro se reunió ayer con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, para revisar los borradores de las nuevas leyes de Inversiones y de Servicios Financieros.
Las normas fueron analizadas porque, según Caro, éstas deben permanecer por lo menos 30 años por lo que se inició un proceso de discusión, de concertación con el sector privado y otros sectores involucrados en las normas.
Los empresarios exigieron en reiteradas oportunidades al Gobierno que brinde seguridad jurídica para invertir más en el país, ante las frecuentes invasiones y tomas de propiedades privadas y la veintena de expropiaciones.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, indicó “que el Gobierno está convencido de que trabajar con el sector privado es la medida más conveniente” pese a las diferencias que existan, por lo que ratificó la intención del Órgano Ejecutivo en seguir trabajando juntos. Resaltó que no hay ninguna intención del Gobierno de debilitar al sector privado nacional.
