En lo que va del año, el Gobierno decomisó casi un millón de litros de combustibles comercializados de manera ilegal y pese a ello a la fecha hay pocos encarcelados por este ilícito, sancionado con tres a seis años de privación de libertad, de acuerdo con la Ley 100 de 2011.
El director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, informó ayer en conferencia de prensa que lo incautado en todo el país es resultado de operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas y el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno, y producto de ello sólo hay detenidos.
“Hay detenidos, tenemos por ejemplo dos personas brasileñas que están detenidas en Puerto Suárez por este delito. También hay dos personas por este delito aquí en La Paz”, indicó Medrano, sin dar detalles, cuando se le preguntó si hay algunos que estén en la cárcel por este delito. Tampoco dio detalles de qué cantidad de diésel, gasolina, kerosene y GLP comprende el millón de combustible decomisado o cuánto significa en recursos económicos.
Norma. El artículo 226 Bis de la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, promulgada el 4 de abril de 2011, señala la prohibición de transportar combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en vehículos no autorizados, ni almacenar el carburante en tiendas, depósitos o en domicilios particulares.
La disposición establece: El que almacene o comercialice diésel oil, gasolinas o GLP, sin estar autorizado por la entidad pública competente, será sancionado con privación de libertad de tres a seis años y confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito. Medrano explicó que el millón de litros de combustible decomisado “con seguridad tenía como destino el contrabando, el narcotráfico y la explotación ilegal de oro y madera” que usan exclusivamente diésel.
Por tales ilícitos, dicha ley fue creada también para evitar el saqueo de los recursos naturales, promover el desarrollo de las actividades económicas lícitas e implementar medidas y acciones dirigidas a lograr la seguridad alimentaria y energética y de lucha contra el tráfico ilegal de mercancías en todo el territorio nacional.
Para el siguiente año, el Presupuesto General del Estado (PGE) destinó $us 1.060 millones para la subvención de diésel y gasolina porque la producción de petróleo para obtener estos combustibles es baja en nuestro país, por lo que el Gobierno está en la búsqueda de nuevos campos petrolíferos en el Chaco y en Liquimuni, en el norte paceño.
El presidente de la ANH estimó que de los más de $us 1.000 millones que el Estado destina a la subvención, “aproximadamente $us 150 millones se van en combustible al contrabando o a las actividades ilícitas dentro del territorio nacional”.
El combustible incautado, en todos los casos, es entregado en custodia a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) porque así lo establece la Ley 100. En cuanto a las multas y sanciones a las estaciones de servicio y distribuidoras de GLP por faltas a lo establecido en la ley 100, la ANH recaudó este año Bs 3 millones y en 2011 fue de Bs 500 mil. “Este año hemos sido más eficientes”, dijo Medrano.
Decomiso, fronteras y tareas
Operativos
El decomiso de combustibles se desarrolló en los nueve departamentos del país y en los 7.000 mil kilómetros de frontera común que el país comparte con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú.
Incautado
El 2 de diciembre, la ANH dijo que en toda la gestión 2011 el combustible incautado al contrabando o acopiado ilegalmente alcanzó a los 200 mil litros, entre diésel y gasolina.
Surtidores
Las sanciones a las estaciones de servicio son por aspectos de infraestructura, indicó Medrano.
B-Sisa busca reducir en 50% el contrabando
Con la implementación del programa informático denominado Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-Sisa), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) pretende reducir el contrabando en un 50% y por ello destinó Bs 35 millones para la compra de equipos RFID (Autoidentificación por Radiofrecuencia) y Tag.
“De $us 1.000 millones que va a la subvención, son aproximadamente $us 150 (millones) que se van al contrabando o a las actividades ilícitas dentro del territorio. Entonces imagínese que ataquemos en un 10%, de los 150 millones recuperamos unos 15 millones, nosotros le estamos apuntando a un 50% en esta fase inicial”, dijo el director Ejecutivo de la ANH, Gary Medrano.
Dentro las tareas del B-Sisa está el colocado de un Tag (etiqueta de autoidentificación) en los motorizados y la instalación de los equipos RFID consistentes en antenas y lectores que serán instalados en las estaciones de servicio para interconectarlos en línea y recoger información de los Tag a fin de evitar el contrabando de combustibles en todo el territorio nacional.
El colocado de las antenas y lectores se realizará en las 700 estaciones de servicio existentes en el país, pero de manera previa este mes se instaló estos equipos en 180 surtidores en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, dijo Medrano.
En cuanto al colocado de los Tag, indicó que esta tarea tendrá tres fases, pues en enero el etiquetado comenzará con los 12 mil vehículos que corresponden al Estado, en febrero con los 120 mil del transporte público y en marzo con los 800 mil del privado. “Comenzaremos por casa”, dijo el Director de la ANH y añadió que en todo el territorio nacional hay al menos un millón de motorizados de los tres sectores.
