El Gobierno de Bolivia prometió hoy una «justa remuneración» y un «trato respetuoso» a la empresa española Iberdrola tras la expropiación de cuatro de sus filiales en este país, entre ellas las distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz y Oruro.
«Va a haber una justa remuneración de lo que les corresponde, no vamos a actuar de manera arbitraria», afirmó el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, al tomar posesión acompañado por la policía de una de las oficinas de Electropaz, la filial de Iberdrola en La Paz.
El vicepresidente sostuvo que es un «derecho soberano» de Bolivia «nacionalizar» los servicios básicos para su «distribución equitativa», pero insistió en que «habrá un trato respetuoso hacia el inversionista extranjero, en este caso, la empresa española Iberdrola, que es la dueña de las acciones».
Reiteró que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contratará a una empresa independiente que verá «el patrimonio, las deudas, los activos» de las firmas expropiadas, y con esos datos se negociará la compensación.
«Confiamos en que en los siguientes meses, mediante el diálogo y mediante informes técnicos precisos y de carácter independiente, encontremos una salida negociada con la antigua empresa dueña de Electropaz y no tengamos ningún tipo de problema», agregó.
Morales decretó este sábado por sorpresa la expropiación de las acciones de Iberdrola en las distribuidoras de electricidad de La Paz, Electropaz, y Oruro, Elfeo, además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones.
El argumento para la nueva expropiación es que hay un desequilibrio entre las tarifas y la calidad del servicio ofrecido a las áreas urbanas y rurales en ambas regiones, según explicó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.
El ministro dijo como ejemplo que en el área rural de La Paz los usuarios pagan «más del doble» de lo que se paga en la ciudad.
En el mismo acto en que se anunció la expropiación, el Gobierno tomó juramento a René Ustariz Aramayo como nuevo gerente de Electropaz. También en Oruro, en el sur de Bolivia, militares y policías tomaron las dependencias de las filiales de Iberdrola.
García Linera aseguró que los servicios eléctricos están garantizados y prometió estabilidad laboral a los trabajadores de las firmas expropiadas.
Morales ya expropió en mayo pasado las acciones de Red Eléctrica de España (REE) en la Transportadora de Electricidad (TDE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica.
