De cinco investigados de la firma Jindal Steel Bolivia (JBS) por incumplimiento de contrato en el yacimiento de hierro del Mutún, sólo el gerente de Asuntos Legales, Jorge Gallardo, tiene una imputación formal y su audiencia de medidas cautelares se realizará el 4 de febrero.
La información fue proporcionada ayer a La Razón por el abogado de la JBS en el país, Jorge Valda, quien explicó que el delito por el que fue imputado Gallardo es por “incumplimiento de contrato en grado de complicidad”. Empero, dijo que el Ministerio Público no tomó en cuenta que éste sólo prestaba sus servicios como asesor y no tomaba decisiones.
“Él es hasta ahora el único imputado, ni funcionarios ni ejecutivos de Jindal y de la ESM (Empresa Siderúrgica del Mutún) están imputados, solamente el abogado, lo cual nos parece una medida irónica”, dijo Valda.
Los ejecutivos investigados de la empresa india son Vikrant Gurjral, presidente de JBS; Arvind Sharma, gerente General; Sushil Kumar, representante administrativo financiero de la firma; y en noviembre de 2012 la investigación se amplió al señor Prassard Ayaer, que vino a Bolivia tras el anuncio de ruptura de contrato que la Jindal hizo al Gobierno, detalló el abogado de la firma india.
“Prassard vino a supervisar el manejo financiero que se estaba dando (en las cuentas de la empresa) para cumplir con los últimos proveedores, y pagar los beneficios sociales de los trabajadores”, dijo y lamentó que sus cuentas hayan sido congeladas por lo que no se pudo pagar los beneficios a todos los trabajadores.
Los ejecutivos están siendo investigados por los delitos de incumplimiento de contrato, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. El fiscal asignado al caso Jindal, Aldo Ortiz, indicó ayer que los edictos para que los ejecutivos de la JBS realicen declaraciones informativas recién serán publicados. Valda informó que éstos están fuera del país.
El 18 de julio de 2007, los representantes de la JBS y de la ESM firmaron un contrato de riesgo compartido por el que la firma india se comprometía a invertir $us 600 millones en los dos primeros años en el yacimiento de hierro del Mutún (Santa Cruz). La inversión total de todo proyecto siderúrgico era de $us 2.100 millones. Sin embargo, el 16 de julio de 2012, la siderúrgica india envió una carta a la estatal ESM en la que dio por terminado el contrato de riesgo compartido que suscribió en 2007.
El 21 de diciembre de 2012, el ministro de Minería, Mario Virreira, informó que la Jindal invirtió menos de $us 100 millones en el yacimiento. El 11 de abril de 2012, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería informó que la ESM contrató a la firma Delta Consult SMS Bolivia para hacer una auditoría a las inversiones de JSB. El 25 de mayo de 2012, la Fiscalía señaló que el informe del estudio indicaba que JSB efectuó una inversión de $us 12 millones.
El 17 de septiembre de 2012, Valda informó a este diario que Jindal busca obtener al menos $us 300 millones por su salida del proyecto siderúrgico del Mutún. Sin embargo, ayer indicó que el monto invertido debe ser calculado a través de una auditoría que no sea del Gobierno. Valda consideró que la auditoría externa deberá tomar en cuenta las causas del porqué no se han realizado algunas inversiones o si el Estado tuvo alguna responsabilidad.
Dineros de ejecutivos, congelados
Cuentas
En septiembre de 2012, el Ministerio Público ordenó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a través de un requerimiento, congelar las cuentas de los ejecutivos de Jindal en los bancos BISA, de Crédito y en otras entidades.
Respuesta para auditoría definirá si hay juicio
La respuesta de la Jindal Steel Bolivia (JBS) a la propuesta del Ministerio de Minería y Metalurgia de realizar una auditoría independiente a las inversiones que la firma india efectuó en el yacimiento de hierro del Mutún definirá si este caso se resuelve o no en un arbitraje internacional.
El abogado de la JBS en Bolivia, Jorge Valda, dijo que la respuesta de la empresa se la dará a conocer antes del 15 de enero a la prensa, fecha que fijó como plazo el ministerio del área para tener una respuesta. Sin embargo, adelantó que lo que vayan a definir sus clientes sería crucial para ir a un arbitraje internacional o no.
“Va a ser un paso previo para decidir qué se hace, cómo se resuelve esta coyuntura. Obviamente la reunión (del 21 de diciembre) fue el paso inicial, y si existe una solución a la controversia, entonces prácticamente se descartaría la posibilidad de un arbitraje”, consideró el abogado. La Jindal estaba a cargo del 50% del yacimiento del Mutún, del municipio de Puerto Suárez en Santa Cruz. Ahí debía construir varias plantas de fundición de hierro para obtener derivados de éste.
