La Embajada de España en La Paz dijo que las futuras inversiones que su país haga en Bolivia están condicionadas al “grado de seguridad jurídica que exista”. El Gobierno ratificó que trabaja en la Ley de Inversiones para otorgar garantías a los inversores internacionales.
El futuro de las inversiones de España en Bolivia “dependerá mucho del grado de seguridad jurídica que exista en Bolivia y esto rige tanto para las inversiones españolas como de otros países. Este es un concepto esencial para crear un clima de confianza para los inversionistas. La futura Ley de Inversiones será sin duda una referencia”, señaló ayer el embajador de España en Bolivia, Ángel Vásquez Díaz de Tuesta, en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón.
El miércoles, el director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Pablo Gómez de Olea, se reunió con la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, para transmitirle el “malestar” de ese país por la expropiación de las filiales de firmas españolas Red Eléctrica de España (REE) e Iberdrola, en 2012.
Al respecto, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde confirmó ayer que autoridades de ambos países se reunieron y que el Gobierno espera el informe de la Embajadora de Bolivia, en el que se detallará “toda la conversación que ha habido y todas las preocupaciones que tiene el Gobierno español y una vez que lo tengamos vamos a poder dar una respuesta”.
La Razón envió ayer un cuestionario a la Embajada de Bolivia en España para conocer los detalles de esa reunión con el Gobierno español. Sin embargo, la legación diplomática informó que Almendras no puede responder el requerimiento y que la Cancillería tiene el informe de la cita.
El Embajador de España en Bolivia explicó que la embajadora Almendras fue convocada para expresarle “el sentimiento de malestar de España” por la estatización de ambas empresas españolas y en particular “por la ausencia de diálogo e información previa sobre las mismas”.
“Se le indicó (a Almendras) que, a nuestro entender, los modos utilizados no son los que deben existir entre dos países amigos: la ocupación de la sede de la compañía o la descalificación pública de la misma no son desde luego fáciles de entender por nuestra opinión pública. Estos gestos no se corresponden con el trato que España ha dispensado a Bolivia en sus relaciones bilaterales y en los distintos foros internacionales”, añadió.
Vázquez reiteró que su país reconoce la soberanía de Bolivia de nacionalizar recursos o firmas extranjeras que operan en el país, pero dijo que “como justa contrapartida” España “espera la observancia estricta de las garantías jurídicas establecidas y el respeto a los derechos de las firmas. En suma, que las empresas reciban una compensación justa y sin dilaciones por sus activos” expropiados. “La reciprocidad en el trato creo que nos benefició a todos, ya que es un principio que permite fundar las relaciones entre ambos países sobre la base de la igualdad”, dijo Vázquez.
Sobre el tema, Alurralde indicó que se trabaja en la Ley de Inversiones, la cual “pretende construir el marco jurídico que dé seguridad jurídica (…) y permita invitar y mostrar los potenciales de Bolivia en el tema de inversiones. La ley está siendo construida y (…) el mejor modo de mostrar la seguridad jurídica es a través de un instrumento jurídico”.
En abril de 2012, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, expresó un profundo malestar por la decisión de Argentina de nacionalizar las acciones de la petrolera Repsol en YPF y calificó la acción tomada por ese Estado como negativa para todos. “Repsol se ha visto expropiada sin justificación ni razón económica. La decisión rompe el buen entendimiento que siempre ha precedido a las relaciones entre los dos países, y perjudica a España y Argentina”, dijo.
Empresas españolas estatizadas
Eléctrica
El 1 de mayo de 2012, el Estado boliviano expropió las acciones de REE en su filial Transportadora de Electricidad (TDE). En marzo se prevé conocer el monto de indemnización que el Gobierno boliviano pagará por la filial nacionalizada.
Iberdrola
El 29 de diciembre de 2012, el Estado estatizó Electropaz, Elfeo, Edeser y la gestora de inversiones Compañía Administradora de Empresas, filiales de Iberdrola. Este lunes, el Ejecutivo prevé reunirse con la eléctrica española para tratar la estatización.
UE dice que falta de ley obstaculiza inversión
El embajador de la Unión Europea (UE), Timothy Torlot, manifestó ayer que la carencia de una Ley de Inversiones en Bolivia representa un “obstáculo a la inversión extranjera” y en particular a las inversiones de los países europeos. El diplomático europeo afirmó a la agencia de noticias EFE que “el Gobierno boliviano tiene su derecho a nacionalizar sus recursos”, aunque aseguró que dentro de la industria europea “hay mucho anhelo” de que se desarrolle un marco legal “transparente” para las inversiones en el país.
Torlot hizo estas declaraciones durante un encuentro con los medios de comunicación para presentar la Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac-UE).
El 1 de mayo de 2012, el Estado expropió las acciones de Red Eléctrica de España (REE) en su filial Transportadora de Electricidad (TDE). El 29 de diciembre, se nacionalizó Electropaz, Elfeo, Edeser y la gestora de inversiones Compañía Administradora de Empresas, filiales de Iberdrola. El miércoles, el Gobierno español convocó a la embajadora de Bolivia en ese país, Carmen Almendras, para hacerle conocer su “malestar” por la estatización de ambas empresas españolas que hizo el Estado boliviano en menos de un año.
Al respecto, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, dijo que la expropiación de estas empresas envía una señal negativa para atraer inversiones extranjeras al país. Por ello, indicó que se elabora la Ley de Inversiones que permitirá conocer “qué protección va a tener el inversor”. Acotó que una vez aprobada la norma, el Gobierno debe hacer una gira internacional para promover las inversiones en Bolivia.
