Representantes de la empresa española Iberdrola fueron recibidos hoy por el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, horas antes de reunirse con el Gobierno boliviano para tratar la expropiación de las filiales de la compañía en este país, decretada en diciembre pasado.
La delegación está encabezada por el presidente de Iberdrola para América Latina, Gonzalo Pérez, acompañado por ejecutivos de la empresa llegados desde España, confirmaron a Efe fuentes diplomáticas.
Está previsto que la tarde de hoy lunes los representantes de la firma energética española se reúnan con el ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, según informó este departamento, que no confirmó la hora ni el lugar del encuentro.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó inesperadamente el pasado 29 de diciembre la expropiación de las cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia, entre las que figuran las mayores distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz, Electropaz, y de Oruro, Elfeo.
Morales justificó la medida en que la firma no quiso hacerse cargo de la distribución de energía en las áreas rurales de esas regiones, lo que incrementó notablemente el coste de ese servicio, que además es de peor calidad en el campo respecto a las ciudades, siempre según el Ejecutivo.
El decreto de expropiación recoge que Iberdrola debe ser compensada en un plazo de seis meses, previa valoración de las cuatro firmas a cargo de una consultora designada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que ha asumido el control de las filiales expropiadas.
Iberdrola no ha hecho ninguna estimación sobre el precio de sus filiales y sólo ha apuntado que el negocio en Bolivia le suponía alrededor del 0,2 % de su negocio total, aunque fuentes del mercado calculan que su valor podría ascender a unos 100 millones de dólares.
Las autoridades bolivianas han prometido a la firma española una compensación justa por la expropiación, mientras que Iberdrola espera que Bolivia «pague el valor real» de las cuatro compañías.
La reunión se produce diez días después de que Red Eléctrica de España (REE) abordara con el Ejecutivo boliviano la expropiación de su filial Transportadora de Electricidad (TdE), acordada en mayo de 2012 sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica.
