La filial boliviana de las firmas españolas Abertis y Aena, Sabsa, pidió hoy al Gobierno de Evo Morales «definiciones» sobre la continuidad o no de su concesión para administrar los tres principales aeropuertos del país, a la vez que sindicatos y sectores afines al Ejecutivo piden su expropiación.
En una entrevista con Efe, el gerente de la compañía Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), Anthony Alicastro, dijo que lo que quieren «son definiciones».
«Si la definición es la permanencia, queremos rápidamente terminar el trabajo que se ha empezado para negociar una adenda al contrato y establecer las nuevas reglas del juego para los siguientes nueve años», señaló.
Sostuvo que si, por el contrario, la empresa va a ser nacionalizada o la concesión revocada, lo que piden «es que se haga dentro de un marco de legalidad, de justa compensación».
Sabsa gestiona desde 1997 los aeropuertos más grandes de Bolivia, situados en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Esta compañía perteneció desde 1997 a 1999 a la estadounidense Airport Group International, hasta que pasó a la británica TBI.
En 2004, la empresa de infraestructuras Abertis y el ente público aeroportuario español Aena adquirieron TBI con todo el paquete de aeropuertos que administraba, incluidos los tres de Bolivia.
Según Alicastro, los aeropuertos fueron entregados en concesión por 25 años a la empresa privada porque eran deficitarios.
Desde entonces y hasta la fecha, hay «tres grandes cifras» que el gerente menciona para respaldar que el déficit ha sido revertido.
La primera es la inversión de Sabsa en Bolivia, que desde 1997 a la fecha asciende a 33,6 millones de dólares y la segunda son los 73 millones de dólares que la compañía ha abonado al Estado en el mismo periodo por los derechos de operación de los aeropuertos.
La tercera cifra es el crédito solicitado por Bolivia en 1997 al Gobierno italiano para la Fase II de la construcción del aeropuerto Jorge Wilstermann, en Cochabamba, que fue asumido y pagado enteramente por Sabsa.
En una carta enviada a finales de enero al ministro boliviano de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, Alicastro le informó de que la empresa terminó de pagar ese mes la deuda, que ascendió a 11,9
millones de euros «entre capital e intereses».
El ejecutivo sostuvo que las inversiones de Sabsa habrían sido mayores si las tarifas aeroportuarias no estuvieran congeladas desde 2001, pese a que el contrato de concesión prevé realizar ajustes consensuados en función de la inflación.
«Se necesita reencaminar económicamente la concesión, no se pueden realizar las obras que necesitan los aeropuertos con tarifas que datan del 2001, les hemos dicho que es imposible», manifestó.
Añadió que «no solamente las tarifas han perdido valor por el pasar de los años y la inflación», sino que también «los costos operativos de Sabsa han subido muchísimo», sobre todo en recursos humanos, a causa de los incrementos salariales obligatorios decretados por el Gobierno cada año.
Según Alicastro, esa es la principal dificultad que afronta la empresa y ha sido motivo de varias reuniones con las autoridades bolivianas durante el 2012.
En esos encuentros se plantearon soluciones para que Sabsa continúe gestionando los aeropuertos durante los nueve años de concesión que le quedan, periodo en el que la firma propone invertir 36 millones de dólares sin pedir dinero al Estado.
«Hemos avanzado en un entendimiento tentativo sobre inversiones y tarifas, quedando unos temas menores y la redacción de una adenda, pero lastimosamente hace más de tres meses que no hay contacto con el Gobierno no obstante de numerosos pedidos nuestros para seguir adelante», aseguró.
Alicastro remarcó que el Gobierno boliviano «siempre ha sido claro» en señalar que la nacionalización es una de las opciones que analiza, pero defendió que la mejor opción sería mantener la concesión a Sabsa, «siempre y cuando se pueda restablecer el equilibrio económico» de la misma.
