El gobierno boliviano dijo este viernes que confía mejorar las relaciones con España, tras la fricción que provocó una nueva nacionalización de una empresa aeroportuaria, con capitales españoles, y descartó pagar la indermización total de 90 millones de dólares que pide la firma privada.
«Confiamos en que vamos a mejorar nuestras relaciones», afirmó en rueda de prensa el presidente interino de Bolivia, Alvaro García, que reemplaza en el cargo a Evo Morales, quien cumple una agenda internacional, cuatro días después de que Madrid calificará de «un acto inamistoso» la nacionalización que afectó al consorcio Abertis-Aena.
Por su parte, la empresa dijo desde España que espera cobrar a Bolivia, por indemnización, unos 90 millones de dólares.
«No puede ser que venga una empresa que diga ‘exijo 90 millones de dólares’. ¿De qué? ¿De qué?», afirmó la autoridad de Bolivia y luego acotó que la empresa española «se ha llevado durante más de 7 u 8 años decenas de millones de dólares, habiendo invertido una pequeña cantidad de dinero».
«Encima pide una indemnización de 90 millones de dólares, eso es ilógico», afirmó García.
La administración de Mariano Rajoy también anunció que el «gobierno español, muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales».
El izquierdista Morales nacionalizó el lunes pasado la empresa aeroportuaria SABSA, que administraba los tres principales aeropuertos en Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), tras otras medidas similares tomadas desde 2006 por el gobierno de Morales contra otros intereses españoles en gas, hidrocarburos, hidroelectricidad y electricidad.
Bolivia tomó la decisión, con el argumento de que Abertis-Aesa no realizó las inversiones prometidas, desde que asumió el control de las terminales aéreas en 2005, aunque la empresa aseguró que canalizó recursos para obras por 12,6 millones de dólares e hizo el pago de impuestos por unos 42 millones de dólares.
El decreto del presidente Evo Morales, aprobado el lunes, establece un plazo de 180 días para realizar un avalúo de bienes y un estudio de auditoría, tras lo cual procederá el pago respectivo.
