Un mes después de que Bolivia expropiara la empresa Sabsa, filial de las españolas Abertis y Aena, las relaciones entre el país andino y España permanecen intactas pese a las advertencias del Gobierno español, que sí mantiene un «diálogo abierto» para buscar soluciones a esas nacionalizaciones.
El pasado 18 de febrero el presidente de Bolivia, Evo Morales, expropiaba la empresa Sabsa, filial de las españolas Abertis y Aena, que administra los tres aeropuertos más grandes del país, acusándola de haber hecho insuficientes inversiones.
El Ejecutivo español deploró inmediatamente esa decisión y anunció que «muy a su pesar procedería a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales» con Bolivia.
Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores explicaron hoy a Efe que a nivel de la Unión Europea (UE) ha habido «contactos para explorar posibles medidas» y afirmaron que las medidas «no se anuncian, se adoptan».
El pasado 11 de marzo en Bruselas el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, recordó a las instituciones de la UE su obligación de proteger «con medidas concretas» a las empresas nacionales en aquellos países en los que ha habido expropiaciones no compensadas, como en Bolivia.
Fuentes de Exteriores aseguraron hoy que España mantiene un «diálogo abierto y fluido» con las autoridades bolivianas para buscar una solución a estas nacionalizaciones y que ya se le ha transmitido al país andino el «malestar» por este asunto.
El Gobierno español espera llegar a un acuerdo «lo más pronto posible», dijeron las mismas fuentes, que recordaron que España mantiene con Bolivia «una relación comercial y sobre todo una relación en materia de cooperación bastante fluida».
La empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) es la sexta compañía española que pasa a manos del Estado en menos de un año, ya que en mayo pasado Morales nacionalizó una filial de Red Eléctrica de España (REE) y en diciembre otras cuatro de Iberdrola, por las que aún no ha habido una compensación económica.
El Gobierno boliviano argumentó entonces que Sabsa había incumplido con las inversiones en la mejora de los aeropuertos de El Alto (junto a La Paz), de Cochabamba y de Santa Cruz, de los que se hizo cargo en 1997 cuando se privatizó la gestión de esos tres aeródromos.
Inmediatamente el Ministerio español de Asuntos Exteriores en un comunicado condenaba esta nueva expropiación después de que García-Margallo advirtiera desde Bruselas de que tendría «consecuencias sobre las relaciones bilaterales».
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguró entonces que no cuestionaba el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defendía que «toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio, según una valoración justa e independiente del bien expropiado».
La respuesta desde Bolivia llegó poco después a través de Morales, que afirmaba que si el país andino no tuviera relaciones diplomáticas con España, las tendría con sus movimientos sociales.
Morales dijo en una rueda de prensa que Bolivia iba a tener relaciones diplomáticas «con todo el mundo» y defendió la decisión tomada por su Gobierno de nacionalizar Sabsa.
Apenas cuatro días después, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, expresaba su confianza en que España comprendería las razones del Gobierno para expropiar Sabsa y en que las relaciones bilaterales se mantendrían y se mejorarían.
Mientras la Comisión Europea reclamaba a Bolivia que compensara a las compañías españolas Abertis y Aena por la expropiación de Sabsa y advertía a Morales de que las frecuentas nacionalizaciones suponen una «señal negativa» para los inversores, García-Margallo convocaba a la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, para trasladarle la protesta oficial del Gobierno.
