El Gobierno activó hoy el proceso para el pago de multas por tierras deforestadas ilegalmente entre 1997 y 2011 e inscripción en un plan de reforestación y producción agrícola, que apunta a sanear algo más de cuatro millones de hectáreas. Los que no se sumen a la iniciativa corren el riesgo de perder su propiedad, advirtió el presidente en ejercicio Álvaro García.
El proceso fue puesto en marcha con la aprobación del decreto reglamentario de la ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, vigente desde enero. El decreto fue presentada y explicado en Santa Cruz, en una conferencia de prensa conjunta con los directivos de la Asociación Nacional de Oleaginosas (Anapo), de los productores de soya y representantes de los interculturales o colonizadores y campesinos.
García informó que de las un poco más de cuatro millones de hectáreas de tierras deforestadas ilegalmente entre 1997 y 2011 y que deberán ser sometidas al proceso de regularización, el 56% están en Santa Cruz; el 19% en Beni; el 12% en Tarija; el 8% en Pando, el 4% en Chuquisaca y el 1% en Cochabamba.
Una instancia de coordinación, integrada por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural, de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), será la encargada de registrar a quienes deseen incorporarse a la iniciativa.
“Deberán ir a anotar (las hectáreas deforestadas ilegalmente), pagar la multa y comprometerse a reforestar y producir”, explicó el presidente en ejercicio en ausencia del presidente Evo Morales, quien participa de la cumbre del G-77. Añadió que ello permitirá a los beneficiarios acceder a créditos para ampliar la frontera agrícola.
Quienes no se sometan su propiedad al proceso corren el riesgo de perder sus tierras, al igual que aquellas que incumplan los compromisos asumidos de reforestación y producción. “Si incumplen compromisos en reforestación y producción, sanción. Se rompe el acuerdo y reversión”, sostuvo en el acto transmitido por el estatal canal 7.
En la promulgación de la ley, en enero, el Gobierno perfiló que la iniciativa permitirá incrementar al 2018 los rendimientos entre 10% y 20% según producto; la superficie sembrada se ampliará en al menos 34% y permitirá incrementar de 1,1 millones de hectáreas a 1,7 millones, mientras que los volúmenes de producción de alimentos se incrementará en 41% y llegará a 13,6 millones de toneladas año.
