La Contraloría pidió al Tribunal de Alzada que anule la sentencia que ordena a la Gobernación de Chuquisaca pagar a Soboce $us 93,3 millones por sus acciones expropiadas en Fancesa, más intereses y multas. Solicitó que el Consejo de la Magistratura investigue el fallo del juez.
El 16 de abril, el Juzgado 7° de Partido en lo Civil emitió una sentencia judicial que dispone que la Gobernación de Chuquisaca pague a la compañía cementera $us 93,3 millones por el 33,34% de las acciones que le fueron expropiadas a través de un decreto, aprobado el 1 de septiembre de 2010. La Contraloría General, al igual que la Gobernación, considera que ese fallo no está enmarcado en la norma.
La autoridad de control informó en un comunicado oficial que se observaron “serias deficiencias” en el proceso judicial instaurado por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) contra dicho gobierno departamental. En La Paz, el gerente general de Soboce, Armando Gumucio, dijo a este medio que esperará el inicio de la acción legal interpuesta por la Contraloría y que posteriormente se emitirá una “opinión desde el aspecto jurídico”.
Decisión. Gumucio pidió nuevamente que se cumpla el fallo judicial. Explicó además que el decreto establece que el pago de las acciones expropiadas a la empresa debe realizarse en 180 días, previa valuación de una compañía independiente. “Nosotros conocemos que la valoración de las acciones se entregó al gobernador de Chuquisaca (Esteban Urquizu) en 2011 y ya pasó más de 800 días, pero no se lo hizo público y tampoco se pagó por éstas”.
El subcontralor de Servicios Legales, Edino Clavijo, argumentó ayer en Sucre que el juez Rilbert Avilez no hizo una correcta valoración de los alcances de ese decreto toda vez que se pronunció en franca contravención al artículo cuarto de esta norma, que le exigía cumplir con ese avalúo.
Señaló también que se observa la actuación de esta autoridad judicial que carece de competencia “porque Soboce debió haber abortado los recursos administrativos ante la propia Gobernación, vale decir, recurso de revocatoria, jerárquico y eventualmente el contencioso administrativo”.
“Estamos pidiendo que el Tribunal de Alzada valore los argumentos y, obrando en derecho, correspondería que anulen obrados, disponiendo que Soboce acuda a la vía y forma que manda la ley primero ante la propia Gobernación, a través de los recursos administrativos, y luego recién a la instancia jurisdiccional para que realice el control de las actuaciones de la administración pública”, dijo Clavijo.
El subcontralor agregó que se presentó a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, un memorial para solicitar la apertura de una investigación sobre las actuaciones que efectuó el juez de la causa.
“Corresponderá al Consejo de la Magistratura, como la instancia disciplinaria del Órgano Judicial, que haga una investigación amplia y valore las actuaciones del juez, no sólo en este caso concreto, sino también con relación a todos los procesos”, expresó.
Presentan apelación
Medida
El 30 de abril, la Gobernación de Chuquisaca apeló el fallo judicial que favorece a Soboce bajo el argumento de que dicho proceso debía haberse efectuado por la vía administrativa y que el juez no tenía competencia.
