El Gobierno mantiene la base del proyecto de Ley de Servicios Financieros, que reemplazará a la actual Ley de Bancos, a pesar de las observaciones que hicieron los gremios que agrupan a las entidades de intermediación financiera.
El 30 de abril, el ministro de Economía, Luis Arce, informó que la última versión modificada de la ley que se enviará a la Asamblea Legislativa fue entregada a los empresarios privados.
Las principales observaciones que efectuaron los representantes del sector financiero son: el control de las tasas de interés activas para los sectores productivo y de vivienda; la fijación de niveles mínimos de cartera a los rubros mencionados y el límite de cobranza para los créditos de vivienda de interés social.
La banca comercial observó, además, el periodo de gracia que se debe por los créditos otorgados al sector productivo, el requerimiento a las entidades financieras de constituir, tanto un capital adicional en función a sus riesgos como un capital primario anticíclico a fin de fortalecer la solvencia de las firmas.
El último borrador de la norma, a la que tuvo acceso este medio, no incluye las observaciones realizadas por la banca. En la Dirección de Comunicación del Ministerio de Economía se informó que las autoridades se pronunciarán sobre este tema en las próximas horas.
En el caso de la obligación del sector de destinar una parte de las utilidades que obtienen anualmente para tareas sociales, en la nueva versión del proyecto de ley sólo se eximió a las entidades financieras comunales de cumplir con este requisito.
Asimismo, el artículo que atribuye a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) definir el grado de crecimiento y expansión del sistema financiero fue eliminado, así como la disposición que regula la participación de capitales extranjeros en estas entidades. Este medio intentó comunicarse ayer en la tarde con ejecutivos de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para conocer su postura sobre el tema, pero no se tuvo éxito.
