La Contraloría Departamental de Chuquisaca presentó ayer una denuncia penal por prevaricato, ante la Fiscalía de ese departamento, en contra del juez 7° de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, Fernando Rilberth Avilés Salgueiro.
Esta autoridad es acusada por haber emitido una sentencia a favor de la cementera Soboce y en contra de la Gobernación de esa región, en una demanda por el incumplimiento en el que incurrió el Gobierno Departamental de las obligaciones previstas en el Decreto Supremo 616.
Esa norma estableció la recuperación de las acciones de Soboce en Fancesa a favor del Estado (en este caso la Gobernación de Chuquisaca), a cambio del pago de una indemnización.
Pero la entidad chuquisaqueña no pagó ese resarcimiento y Soboce le inició acciones penales. El juez Rilberth Avilés emitió la sentencia 18/2013 y declaró probada la demanda. Además impuso el pago de daños y perjuicios, más costas. Dispuso, así, que la Gobernación cancele a la cementera $us 93,3 millones. Sin embargo, el gobierno departamental de Chuquisaca indicó que ese monto representa un enorme daño económico a esa entidad.
La demanda interpuesta por la Contraloría en contra del juez lo acusa de haber emitido un fallo en un proceso que no debió considerar, puesto que los supuestos afectados debieron interponer un recurso revocatorio y jerárquico ante la Gobernación. También señala que las entidades públicas están exentas de pagar costas.
