Tras la denuncia del Gobierno sobre la subasta de casas de los deudores morosos a precios de “gallina muerta”, Asoban afirmó ayer que cumple con la norma vigente que dispone que el remate de viviendas debe ser realizado a “valores catastrales”.
El martes, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, acusó a algunos bancos de rematar las viviendas de los clientes morosos “a precios de gallina muerta”. Dijo que esto se cambiará con la Ley de Servicios Financieros, que reemplazará a la Ley de Bancos.
“Encontrábamos casos en los que muchos bancos, y tal vez en combinación con otros actores en la sociedad, remataban las casas a precios de ‘gallina muerta’, cuando el valor de las viviendas era mucho mayor. Por supuesto, lo que el banco conseguía de esa venta no era suficiente para pagar el crédito de vivienda y el deudor seguía con la deuda hasta que la pueda pagar o deje de existir”.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, indicó ayer —en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón— que no escuchó las declaraciones del Ministro de Economía, pero que, de ser ciertas, “consideramos que existe una desinformación al respecto”.
En ese marco, recordó que este tema fue debatido con Arce cuando se abordó el proyecto de Ley de Servicios Financieros. Se le indicó que es “un problema originado en el Código Civil y de Procedimiento Civil, que señala que el remate de un inmueble debe ser realizado a valores catastrales”.
El ejecutivo agregó que la banca planteó la modificación de la norma “para que estos remates se efectúen a valores de avalúo comercial y nos parece bien que se haya escuchado esta sugerencia”.
Con la futura ley, ratificó Arce, se ordena la extinción de la deuda de un crédito no pagado únicamente con el remate de la vivienda. Al respecto, Villalobos dijo que la medida premia a los “mal pagadores” en desmedro de aquellos que cumplen con sus obligaciones.
Efectos de la futura normativa
Villalobos afirmó que un efecto negativo de la medida es “que el acceso al crédito hipotecario, al contrario de lo que persigue el Gobierno, se verá restringido por mayores exigencias de garantías para asegurar la recuperación íntegra de los créditos y garantizar así los depósitos del público”.
