Hoy vence el plazo para que Soboce haga conocer su rechazo al memorial presentado por la Gobernación de Chuquisaca. A partir de esta fecha, correrán los plazos legales para que, dentro de 30 días, se sepa el fallo final de los vocales que analizarán el caso.
En mayo, la Gobernación presentó una apelación contra la sentencia del juez Fernando Rilbert Avilés que determinó el pago de $us 93,4 millones a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) por las acciones que poseía en Fancesa y que le fueron expropiadas el 1 de septiembre de 2010.
En ese mismo memorial, el gobierno departamental consideró que el caso debía resolverse por la vía administrativa y no civil, por lo que estableció que el proceso debe volver a fojas cero.
El secretario jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Jhonny Céspedes, informó que este jueves vence el plazo para que Soboce pueda hacer su representación. “Y el día de mañana (por hoy), el juez (Rilbert Avilés) va a tener la obligación de remitir el caso para que entre en sorteo y, dentro de un plazo de 30 días calendario, los juzgadores en un grado superior puedan emitir el fallo final en este proceso”, explicó.
Añadió que la intención es revertir esa sentencia que, en su criterio, atenta flagrantemente a los intereses del departamento de Chuquisaca. “Para empezar, desde nuestro punto de vista, el juez nunca debió haber asumido competencia y, por lo mismo, jamás debió haber existido esa sentencia”.
Céspedes dijo que el juez cometió varios errores en su fallo tal cual lo reconoció al aclarar que no se debe pagar costas en el proceso. “No es el único error, hay otros errores más que nosotros hicimos la representación en la apelación correspondiente y es por eso que esperamos a que los jueces superiores nos den la razón en la apelación”, agregó.
La Razón intentó comunicarse con el gerente general de Soboce, Armando Gumucio, pero éste no contestó su teléfono móvil.
Juez iría a prisión por prevaricato
El 25 de mayo, la Contraloría General del Estado (CGE) dijo que el juez Fernando Rilbert Avilés, quien emitió un fallo a favor de la cementera paceña Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce), podría ser sancionado con una pena de entre cinco y diez años de cárcel por el delito de prevaricato.
