El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una demanda de los microempresarios que cuestiona la clausura de negocios y pedirán, a través de sus representantes legales, que se paralice esta medida hasta que los magistrados emitan su fallo.
El auto de admisión fue emitido el 18 de junio y fue notificado el 2 de julio al diputado Juan Luis Gantier, quien presentó la acción de inconstitucionalidad abstracta contra las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 317 del Presupuesto General del Estado, vigente para esta gestión.
La Confederación de Microempresarios y Comerciantes Contribuyentes al Estado en el Régimen General de Bolivia (Comapesbo) cuestionan que esa norma modifica el primer párrafo del artículo 170 del Código Tributario.
El artículo cuestionado señala: “La Administración tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando adviertan la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la administración tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los delitos del sujeto pasivo o tercero responsable (….) Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdos a las sanciones establecidas”. Hoy, los funcionarios de Impuestos Internos, en una sola actuación, califican el hecho e imponen una penalidad, sin dar derecho a la defensa y restringiendo el derecho al trabajo, explicó el abogado Johan Echavarría.
