Luego de que la justicia chuquisaqueña decidiera anular el fallo que obligaba a pagar a la Gobernación $us 93 millones a favor de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), la empresa cementera paceña expresó ayer su desacuerdo con la sentencia y anunció su apelación.
De igual manera, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, planteó a los ejecutivos de Soboce un diálogo para resolver el pago por las acciones que poseía en la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa).
El viernes se conoció la resolución de la Sala Civil, Comercial y de Familia Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Chuquisaca que “anula todo lo obrado y dispone que la parte actora acuda en ejercicio de su acción ante el órgano jurisdiccional competente”.
El 15 de abril, el juez Rilbert Avilés emitió una sentencia en primera instancia que determinaba el pago de $us 93 millones a favor de la cementera paceña. Esa decisión judicial fue apelada por la Gobernación de Chuquisaca y luego llegó a manos de los vocales Delma Miranda y José Antonio Revilla, quienes decidieron anular el fallo de primera instancia.
Medida. “Quiero decirles que hoy el fallo nos dice que la Gobernación tiene la razón y el pueblo tiene la razón para defender sus intereses del departamento de Chuquisaca (sic), y jamás vamos a arrodillarnos ante un empresario que ha privatizado, que ha saqueado a un departamento que es humilde”, enfatizó Urquizu, en directa alusión al accionista mayoritario de Soboce, Samuel Doria Medina.
Además, reconoció que “el caso no está cerrado” y afirmó que “por eso estoy diciendo que la Gobernación siempre ha estado predispuesta para que (se) coadyuve a un diálogo, a sentarnos, pero sin discurso de doble moral”, manifestó el funcionario. El gobernador Urquizu agregó “que a partir de este momento quieren sentarse los señores de Soboce, siempre estamos abiertos y predispuestos a hablar y a conversar”.
Por su parte, el abogado de Soboce en Sucre, Eduardo Urriolagoitia, dijo que la empresa apelará la decisión judicial y luego de agotar otras instancias de la justicia ordinaria, no descartó plantear una Acción de Cumplimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
También dijo que la sentencia es errónea y justificó su posición señalando que los vocales remiten el caso a una instancia contenciosa administrativa que es ajena a este tema. Explicó que la Gobernación como Soboce tienen la obligación de cumplir con el Decreto 616 que determina la expropiación de las acciones de la firma a favor del gobierno departamental.
El 24 de mayo, el subcontralor de Servicios Legales de la Contraloría General del Estado (CGE), Edino Clavijo, dijo que una vez que la Gobernación pague a Soboce por sus acciones en Fancesa, se iniciará una auditoría sobre las acciones u omisiones que hubieran cometido sus autoridades. “Se analizará qué hicieron (los funcionarios), qué no hicieron y cuáles han sido las consecuencias”, señaló Clavijo, quien dijo que habrá sanciones.
Expropian acciones de cementera
Decisión
En 2010, el Gobierno expropió el 33,34% de las acciones de Soboce en Fancesa y las adjudicó a la Gobernación.
Norma
Para ello, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 616.
Urquizu condiciona el pago a la cementera
Willy Chipana
El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, aseguró que se pagará una compensación a Soboce por la expropiación del 33,34% de sus acciones en Fancesa cuando concluyan todos los procesos legales que se le siguen y las autoridades judiciales así lo determinen. La cementera pidió a la autoridad cumplir el Decreto 616.
“Quiero decir que primero tenemos que agotar los procesos (legales) y ellos (los jueces) después dirán cuánto se le debe pagar, se le tiene que pagar, nadie dice que no, pero como Soboce ha judicializado este tema se deben agotar todas las instancias judiciales”, afirmó el gobernador días atrás.
Soboce pidió a Urquizu cumplir con el decreto porque no existe razón para seguir postergando el pago por las acciones que poseía en Fancesa, según el cuestionario de respuestas a las preguntas que envió La Razón. El artículo 4 de la norma señala que la Gobernación de Chuquisaca deberá efectuar la compensación por las acciones, previa valuación en un plazo de 180 días.
En 2010, los síndicos de la compañía iniciaron una querella contra los exdirectores y ejecutivos de Fancesa y Soboce por haber firmado en 1999 la alianza de administración. En 2011 se inició otro juicio por competencia desleal en contra de Soboce, cuando ésta administró la cementera, lo que habría causado un daño económico a Fancesa por unos Bs 300 millones.
