El proyecto de Ley de Empresas Públicas, que se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyo debate se inicia mañana, establece de uno a cuatro años de cárcel si un servidor público divulga información pública no autorizada.
Así lo hizo conocer el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas Ríos, a la Agencia de Noticias Fides (ANF), pues considera que el proyecto de Ley de la Empresa Pública, PL-398-13, es una norma que “cerraría con candado” la información sobre el uso y utilización de los recursos públicos y que genera “discrecionalidad” respecto a la asignación de éstos al crear subordinación directamente relacionada con el Presidente del Estado. La Disposición Adicional Décima que modifica el artículo 228 del Código Penal señala lo siguiente: “Artículo 228 Ter (Uso Indebido de Información Privilegiada).
El que en virtud de su cargo, empleo, posición o responsabilidad, teniendo acceso o conociendo información privilegiada, utilice, divulgue, transmita o disponga de la misma para lograr beneficios, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años”.
Garantía. Marianela Paco, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), aclaró ayer en radio Panamericana que este proyecto “no está dirigido a los medios de comunicación, más bien se garantiza el ejercicio de sus principios éticos en el ámbito de la información”.
Dijo que esta nueva norma promueve la transparencia de la gestión y de todas las instituciones públicas y privadas que presten servicio al Estado. Recordó que hasta hace poco fuimos conocidos como “el país campeón de la corrupción”, y precisamente como una demanda de la ciudadanía se constitucionalizó este proyecto.
