El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, calculó el martes en más de un millón de dólares el daño económico ocasionado por el conflicto en el municipio de Tiquipaya, ya que paralizó casi una semana la construcción de una represa que se edifica en las inmediaciones de esa zona.
‘Estamos hablando de seis a siete días que alcanzaría alrededor de un millón de dólares la pérdida económica y la pérdida técnica’, dijo a los periodistas.
Un grupo de comunarios tomó la semana pasada las instalaciones del Complejo Múltiple Misicuni, en apoyo a un paro cívico en el municipio de Tiquipaya, que se disputa con la empresa Consarq una propiedad de 47 hectáreas.
Alvarado anunció una demanda penal contra los implicados por daños económicos y vejámenes, entre otros delitos.
También solicitó el resarcimiento de 150 mil dólares por cada día de perjuicio, para cancelar los sueldos de los obreros, técnicos, ingenieros y supervisores.
Se incluirá amenazas de muerte y lesiones al personal y la invasión de predios, incluyendo destrozos de una posta médica para golpear a un médico y policías en franca violación, agregó el ejecutivo de la Empresa Misicuni.
Según Alvarado, también se cuantificará el daño económico por el corte en el envío de 250 litros de agua por segundo a la ciudad de Cochabamba, durante dos días.
‘Ese es el delito más grave, porque significa una violación a nuestra Constitución Política del Estado e incluso a acuerdos internacionales y el caso de las Naciones Unidas, donde se ha aprobado que el agua es un derecho humano’, sostuvo.
