El presidente Evo Morales aprobó ayer en el Palacio Quemado un decreto supremo que permitirá a los trabajadores constituir “empresas sociales” en las fábricas en proceso de quiebra, liquidación o que estén cerradas o abandonadas de forma injustificada.
El Mandatario aprobó el Decreto Supremo 1754 durante un acto en homenaje al 62 aniversario de creación de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB). El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, indicó que la norma facilitará la “constitución de empresas sociales con carácter privado, en el marco de lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado”.
El artículo señala que los trabajadores, “en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social, podrán, según la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado coadyuvará la acción de los trabajadores”.
Causa. El presidente Morales manifestó que la norma beneficiará a los trabajadores debido a que éstos estaban “sometidos” a los “chantajes” de despido de los empleadores, quienes decían que la firma podría quebrar o cerrar si se les concedía un alza salarial.
“Ahora ya no hay que estar sometido a las amenazas de cierre cuando los dueños no quieren incrementar el salario, no quieren respetar los decretos (…). Ahora, si les amenazan de esta forma, mejor que la empresa entre en quiebra o cierre el empresario, (porque) ustedes van a ser dueños. Serán nuevas empresas sociales”, aseguró.
Santalla añadió que con dicho artículo establecido en la Carta Magna se constituyeron las firmas Enatex, Intrabol, Traboltex y que con el decreto se seguirá conformando más empresas de aquellas que estén en quiebra. “A veces esta situación se presenta por la mala administración por parte de los dueños y los gerentes y por la falta de innovación tecnológica, porque existen mercados internos y externos”. El ministro afirmó que estas empresas sin la participación y ayuda directa del Gobierno “muy difícilmente podrían continuar trabajando”.
El titular de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Luis Urquizo, dijo que la constitución de estas firmas debe ser aplicada en forma responsable y transparente, en el marco del respeto al sector privado, a fin de no afectar a las empresas que estuvieran trabajando en el marco de las leyes y normas vigentes. Acotó que la medida podría constituirse en “un arma de doble filo, porque existe el peligro de que se puedan crear las condiciones para perjudicar a una empresa con el fin de hallar un justificativo para constituir una firma social de carácter privado, y ello podría afectar la sostenibilidad de los empleos en el mediano y largo plazo”.
A decir del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, el decreto, mientras cumpla las normas del derecho propietario de los accionistas, es positivo. Aclaró que debe establecerse un “acuerdo transparente” entre la firma en quiebra y los trabajadores.
La empresa Millma
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, dijo que los empleados de la empresa Millma están negociando para que la compañía les pague sus beneficios sociales con la maquinaria.
Empresarios hablan de desincentivo a la inversión
Los exportadores y empresarios dijeron que la norma que ordena que las empresas que incumplan con sus obligaciones laborales se les suspenderá los mecanismos preferenciales para exportar sus productos hacia mercados gestionados por el Estado, representa un desincentivo a las inversiones privadas y un riesgo para la viabilidad de las firmas.
El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Guillermo Pou Mont, indicó ayer que, en su criterio, la medida genera discriminación hacia ciertos sectores empresariales y que no corresponde, porque la Ley del Trabajo tiene mecanismos para hacer cumplir las leyes.
Pou Mont acotó que la norma puede tener efectos en la viabilidad de las firmas, porque si por una situación arbitraria ésta incumple una norma laboral, no podrá exportar, y si no vende, “no tiene ingresos”. Para el empresario cruceño Gabriel Dabdoub Álvarez, la norma aprobada por el Ejecutivo representa un desincentivo para las inversiones privadas.
Prohibirán exportar a empresas infractoras
A las empresas que no cumplan con sus obligaciones laborales se les suspenderá los mecanismos preferenciales para exportar sus productos hacia los “mercados gestionados” por el Estado, dispone la resolución biministerial aprobada por las carteras de Desarrollo Productivo y de Trabajo.
“Aquellas empresas, que son pocas, no son todas, donde no se respeta la ley (…), los derechos laborales, se desconoce la organización de los sindicatos (…), esas empresas que exportan, en caso de que infrinjan las leyes sociales de los trabajadores, les vamos a prohibir a que sigan exportando con las facilidades que les da el Gobierno”, dijo el ministro de Trabajo, Daniel Santalla.
Santalla llamó a la reflexión al empresario cruceño Ivo Kuljis, porque “no está permitiendo la organización de un sindicato”, y le pidió que respete las leyes laborales. También recordó que el empresario cementero Samuel Doria Medina “trató de desconocer la organización sindical”.
En ese marco, aseguró que “la normativa está dirigida contra” esos empresarios. El 7 de agosto se conoció que los trabajadores Miguel Durán y Fabricio Salazar de Bolivian Foods SA (Burger King) fueron despedidos por formar el sindicato. La empresa dijo que cuando les dio a éstos las cartas de preaviso no sabía del sindicato.
La norma dispone que para controlar las obligaciones laborales, el Ministerio de Desarrollo Productivo —en 15 días calendario— remitirá a la cartera de Trabajo el listado de firmas que acceden a mecanismos preferenciales para la venta de sus productos. El último ministerio enviará a Desarrollo Productivo en 30 días hábiles la lista de empleadores que no cumplieron sus obligaciones laborales. Entonces, el Ejecutivo emitirá una carta a la firma exportadora informándole sobre la observación para que en 30 días calendario ésta la subsane.
Concluido ese plazo y si se evidencia que la compañía no enmendó las observaciones, el Gobierno le comunicará la “suspensión de los mecanismos de acceso preferencial a los mercados gestionados por éste”. La medida se levantará una vez que se subsanen las observaciones efectuadas.
