La investigación científica en agrobiotecnología no está prohibida por el marco normativo nacional. Por ello, Bolivia debería iniciar un proceso de desarrollo en ese campo, mientras el Estado cuente con un marco constitucional/legal claro y aplicable y, no contradictorio, en materia de productos alimenticios genéticamente modificados (OGM).
A esa y otras conclusiones llegaron los expertos internacionales durante el “IV Foro sobre Seguridad Alimentaria con Agrotecnología”, organizado por Crop Life Latinamerica y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) realizado en septiembre último en La Paz y Santa Cruz, según una nota de prensa enviada por los organizadores a este medio.
Participaron del encuentro expertos nacionales e internacionales. Entre ellos, los colombianos Pedro Rocha, Ph.D. en Biología Molecular y Biotecnología; María Andrea Uscátegui, microbióloga industrial en la Universidad Javeriana de Bogotá y el boliviano Luis Fernando Asturizaga, especialista en derecho agrario y magister en desarrollo rural.
La apertura a la investigación agrotecnológica beneficia a la producción agropecuaria y, por consiguiente, a la seguridad alimentaria ya que con los OGMs se puede evitar plagas, combatir los problemas del calentamiento global, la sequía; producir más en menor espacio con menor costo (ahorro en combustible, agua y plaguicidas); mejorar la calidad alimenticia y vitamínica de los cultivos y tener excedentes para la exportación, explicó Marcelo Traverso, presidente de APIA, al poner como ejemplo a la soya de Santa Cruz.
Sin embargo, aclaró que por falta de decisión política no se puede aprovechar y ampliar las ventajas de la herramienta biotecnológica a otro tipo de productos. “Bolivia no puede negarse a la apertura de un proceso investigativo porque, al momento, no existe ninguna norma que la prohíba”, precisó.
“Necesitamos contar con resultados de las investigaciones para tener herramientas que nos permitan tomar decisiones con información valida y científica”, sostuvo.
Al respecto, Luis Fernando Asturizaga, sugirió que la normativa boliviana relacionada a la importación, producción y comercialización sea clara y uniforme, ya que la actual tiene contradicciones debido a que, por un lado, prohíbe la biotecnología –yendo en contra de la misma legislación boliviana y algunos convenios internacionales– y, por otro, establece la investigación agrotecnológica, la conservación de recursos genéticos y la creación de un comité de bioseguridad.
Informó que mientras el artículo 255 de la CPE establece “la prohibición, importación, producción y comercialización de OGMs y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”, el artículo 409 señala que “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”.
Esto provoca dos lecturas diferentes: una referida a que los OGMs están definitivamente prohibidos en Bolivia y otra que establece que sólo están prohibidos los OGMs cuya evaluación de riesgos identifique daños probables, explicó Asturizaga.
