Desde el 1 de febrero de 2008 al 31 de agosto de 2013, el Estado boliviano desembolsó la suma de Bs 9.750,57 millones ($us 1.401 millones) para pagar la Renta Dignidad. El número de beneficiarios también subió en ese período.
En 2008, al menos 677.000 personas mayores de 60 años recibieron el bono y en esta gestión, al 31 de agosto, los beneficiarios suman aproximadamente 997.000. Los datos, extractados de la página web de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), dan cuenta de que el 83,11% (828.564) de los beneficiarios son no rentistas frente al 16,89% (168.340) que sí reciben una pensión de jubilación.
El bono estatal se financia con una parte de los recursos recibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de gobernaciones, municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación (TGN), además de los dividendos de las empresas nacionalizadas (Entel, YPFB, ENDE, entre otras).
La Ley 3791, del 28 de noviembre de 2007, garantiza el pago del beneficio, que se realizaba de la siguiente manera: Bs 2.400 cada año (que puede cobrarse de manera mensual o acumulable) para las personas mayores de 60 años sin una renta o pensión del Sistema de Seguridad Social, y Bs 1.800 anuales para aquellos que son rentistas.
Sin embargo, el 16 de mayo de 2013, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 378 por el que se incrementó el pago mensual de Bs 150 a Bs 200 (Bs 2.400 anual) para las personas que reciben pensión de jubilación y de Bs 200 a Bs 250 (Bs 3.000 al año) para quienes no la reciben.
