La indemnización demandada por Pan American Energy (PAE) al Estado boliviano, de $us 1.493 millones por la nacionalización del 50% de sus acciones en la petrolera Chaco, representa seis veces más de lo que el Gobierno le propuso pagar en 2010, que fue de $us 230 millones.
El 12 de marzo de 2010, la anglo-Argentina PAE presentó una demanda de arbitraje en contra del Estado boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad dependiente del Banco Mundial, por la nacionalización de la petrolera Chaco, en la cual tenía el 50% de acciones.
El 1 de mayo de ese año, La Razón informó que el Ejecutivo ofreció pagar a PAE $us 29 por cada acción, cuando su valor en libros era de $us 38. Por el 50% de las acciones que tenía la compañía propuso pagar alrededor de $us 230 millones previa deducción de contingencias tributarias y otros.
La Procuraduría General del Estado (PGE) se reunió con ejecutivos de PAE para resolver el tema vía el diálogo, pero la compañía reactivó el arbitraje el 2 de agosto de 2012. Ante ese hecho, la Procuraduría, el 7 de septiembre de ese año, notificó al Tribunal que presentará la excepción preliminar de falta de mérito jurídico. La Procuraduría indicó que PAE demanda una compensación de $us 1.493 millones por el 50% de sus acciones.
Este monto es seis veces más de lo que el Gobierno boliviano le propuso pagar en 2010, que fue $us 230 millones. El 24 de agosto de 2012, el CIADI constituyó el Tribunal Arbitral que dirimirá el caso, el cual está compuesto por el español Bernardo Cremades, el chileno Francisco Orrego Vicuña y el costarricense Rodrigo Oreamuno.
