El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló el fallo que obligaba a la Gobernación de Chuquisaca el pago de $us 93,3 millones a favor de Soboce por las acciones que poseía en Fancesa. La cementera aseguró que, pese a esa decisión judicial, la entidad debe pagar por las acciones expropiadas.
El secretario general, Everth Almendras, informó el jueves que la Gobernación de Chuquisaca ha sido notificada con el auto supremo del TSJ con relación a la demanda de cumplimiento de obligación que la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) instauró en contra de esa entidad pública reclamando el pago de $us 93,3 millones por las acciones que le fueron expropiadas por efecto del Decreto Supremo 616 del 1 de septiembre de 2010.
“Queremos informar a la población que la pretensión de (Samuel) Doria Medina de sacarle, de exprimirle recursos económicos en más de $us 93 millones al departamento de Chuquisaca, a través de la Gobernación, quedó anulada, quedó en nada”, expresó Almendras en rueda de prensa.
Empresa. El 15 de abril, el juez Fernando Rilbert Avilés emitió una sentencia en primera instancia que determinaba el pago de $us 93,3 millones a favor de la cementera paceña. Esa decisión judicial fue apelada por la Gobernación de Chuquisaca y luego llegó a manos de los vocales Delma Miranda y José Antonio Revilla, quienes —el 19 de julio— decidieron anular el fallo de primera instancia.
Al respecto, el gerente general de Soboce, Armando Gumucio, respondió a las declaraciones efectuadas por funcionarios del Gobierno Autónomo de Chuquisaca aclarando que la anulación del proceso judicial, por parte del TSJ, no extingue en ningún caso la obligación de la Gobernación de Chuquisaca de cumplir con el pago por las acciones expropiadas, tal como lo establece el Decreto Supremo 616.
“Queda claro que al anular el proceso seguido no se ha extinguido la obligación de la Gobernación de Chuquisaca del cumplimiento del pago por las acciones expropiadas, establecido en el Decreto Supremo 616, sino que se sigue postergando el cumplimiento de esa obligación mediante fallos injustos”, declaró Gumucio.
Respecto al argumento de las contingencias, el ejecutivo de la cementera paceña aseveró que no es correcto lo que se informa, porque el mencionado decreto supremo se refiere a la “deducción de pasivos financieros de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa), tanto exigibles como contingentes” y no con otras instituciones.
Por otra parte, Almendras dijo que la Gobernación está predispuesta a sentarse en la mesa del diálogo para acordar con Soboce las bases de un acuerdo para el pago por las acciones.
Armando Gumucio reiteró que también Soboce está de acuerdo en dialogar y ratificó, mediante una carta enviada en fecha 22 de octubre, de invertir los recursos en Chuquisaca.
El 2 de septiembre, el jefe de Unidad Nacional (UN) y accionista mayoritario de Soboce, Samuel Doria Medina, planteó que sea el Gobierno central y no Chuquisaca el que pague a Soboce por la expropiación de las acciones que poseía en Fancesa. El empresario propuso que todo ese dinero pueda ser invertido en la región.
Contraloría y su posición
Prevaricato
El 24 de mayo, la Contraloría General del Estado dijo que el juez Fernando Rilbert Avilés, quien emitió un fallo a favor de Soboce, podría ser sancionado con una pena de 5 a 10 años de cárcel por el delito de prevaricato.
