El MAS hizo público ayer un proyecto de Ley de Investigación de Fortunas a ejecutivos y consejeros de las cooperativas de servicios básicos. El objetivo de la norma es la de transparentar estas instituciones y evitar el enriquecimiento de los administrativos.
El proyectista de esta disposición legal, el diputado Edwin Tupa (MAS), espera que el documento pueda ingresar a la Asamblea Legislativa el próximo martes. Una vez que eso suceda, el proyecto de ley será remitido a la Comisión de Política Social, donde será analizado y evaluado en su contexto.
La norma estipula el embargo de bienes de los ejecutivos, exejecutivos, consejeros y exconsejeros de las cooperativas de servicios básicos (telefonía, agua potable, electricidad, entre otras) que hayan incurrido en el uso ilegal de los recursos del pueblo. El proyecto también prevé que la investigación alcance a padres, hermanos, hijos, esposa y abuelos de las autoridades del sistema administrativo cooperativo, esto a fin de evitar el uso de palos blancos.
Tupa explicó que el proyecto responde a la preocupación por los últimos acontecimientos que vienen ocurriendo con las cooperativas de servicios básicos de La Paz y de Cochabamba.
La norma establecerá la inclusión de la Contraloría General en la fiscalización periódica a las cooperativas a través de la realización de auditorías externas y en caso de irregularidades, el tema será transferido al Ministerio Público. Este diario buscó conocer la posición de los ejecutivos de Cotas y de la CRE, pero ninguno tenía activado su teléfono móvil.
