La toma ilegal de tierras productivas en el oriente boliviano frena la producción de alrededor de 442.400 toneladas (t) de alimentos al año, lo que representa el 3,41% de la producción total, que bordea las 12,94 millones de t, según datos de los gremios productivos cruceños.
La superficie afectada bordearía las 155.300 hectáreas (has). Los predios destinados a la producción de oleaginosas (soya, girasol), así como los de pastoreo para el ganado bovino resultaron entre los más perjudicados, con 50.000 has cada uno. El resto responde a otros sectores relacionados con cultivos de verduras y frutas, entre otros.
De acuerdo con los datos recogidos por la CAO, Anapo y Fegasacruz, 79 predios agrícolas se encuentran intervenidos y cada uno de ellos tiene un promedio de 700 has avasalladas, haciendo un total de 55.300 has, y cada uno de ellos producen una media de 4 toneladas de alimentos por ha, registrando 221.200 t en cada campaña (invierno y verano). En total, al año, la pérdida alcanza a 442.400 t.
El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó de manera escueta que los avasalladores no triunfarán y serán retirados de las tierras que actualmente vienen ocupando. El sector agropecuario teme que la invasión constante de gente inescrupulosa a tierras productivas y la lentitud del Gobierno en restaurar el orden jurídico pueda generar un posible enfrentamiento con los productores.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) contabilizó cerca de 79 predios avasallados en el departamento de Santa Cruz. La superficie afectada sólo en el sector agrícola ascendería a cerca de 55.300 has.
El titular de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, dijo que en su sector se reportó 50.000 has intervenidas por los traficantes de tierras. “Estas personas que ingresan portando armas de fuego y armas blancas vienen amedrentando a los propietarios de las haciendas e incluso paralizaron la cosecha de granos de la campaña de invierno, generando cuantiosas pérdidas económicas al rubro”, afirmó el productor.
Pecuaria. Mientras, el presidente de la Confederación Nacional de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Juan Carlos Peredo, reveló que su sector, en el departamento de Santa Cruz, registra al menos 50.000 hectáreas intervenidas por los avasalladores.
Pérez añadió que los traficantes de tierras cada vez vienen actuando con más saña y violencia, porque utilizan armas de fuego y golpean a los propietarios y trabajadores que se resisten a la intervención ilegal. Peredo dijo que si el Gobierno no instruye de inmediato el “desapoderamiento” de las tierras intervenidas, esto podría desembocar en hechos de violencia porque la gente está cansada y molesta con la inseguridad jurídica.
El representante del sector oleaginoso indicó que en los predios tomados los avasalladores no permiten la cosecha de soya y trigo, e incluso vienen obstaculizando la planificación de la próxima campaña de siembra.
El director regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Jorge Gómez, advirtió con “actuar con mano dura contra aquellas personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas (avasallamientos)”. “Tenemos que combatirlo, incluso hay un proyecto de ley que normará y sancionará a los responsables de esta ilegalidad”, afirmó el funcionario.
Ganaderos demandan garantías
Seguridad
Peredo dijo que en el marco de la agenda productiva existe un compromiso con el Gobierno para alcanzar metas y objetivos en un periodo de tiempo determinado. Para ello, añadió, se requiere seguridad jurídica y tranquilidad para trabajar.
CAO identifica al menos 6 bandas criminales
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) identificó al menos a seis bandas criminales, apadrinadas por abogados, fiscales, jueces y autoridades del Gobierno, que estarían operando en la toma de tierras productivas en el oriente boliviano.
Asimismo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) conminó el “desapoderamiento” de tierras en la comunidad de Limoncitos, ubicada en la zona norte de Santa Cruz, y dio un plazo de 72 horas a las personas asentadas ilegalmente. Caso contrario, advirtió con la intervención de la Policía.
El 23 de noviembre, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que una comisión integrada por tres fiscales de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz iniciarían con la investigación que permita desarticular a los grupos irregulares. El presidente de la CAO, Julio Roda, dijo “que seis bandas vienen operando en el departamento, las mismas estaría integradas por juristas, fiscalía, jueces y funcionarios de Gobierno”. De su lado, el Comité pro Santa Cruz, a través de su presidente, Fernando Castedo, no descartó la realización de un cabildo en rechazo a los avasallamientos de tierras.
