El ministro de Minería, Mario Virreira, informó que el Gobierno realiza una revisión de la producción y pago de regalías por la explotación de la piedra caliza por parte de las empresas cementeras, ya que hay datos que muestran que el pago de regalías no corresponde al nivel de explotación de la materia prima. Si es así, anunció, habrá una reliquidación de pagos.
“Estamos haciendo una revisión profunda y detallada de todo lo que significa la explotación de los yacimientos de caliza, utilizados para la fabricación de cemento; hemos visto en inspecciones hechas antes que no se está manejando adecuadamente ese tema. Han eludido (las cementeras) el control del Servicio Nacional de Registro de Comercialización de Minerales”, explicó.
El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) regula y controla las actividades de comercio interno y externo de minerales y metales, además coordina sus operaciones con los gobiernos departamentales y municipales, e informa sobre aporte de cooperativas mineras y minería chica.
Virreira explicó en entrevista con la estatal emisora Patria Nueva que cementeras estuvieron eludiendo la fiscalización con el argumento, entre otros de que sus actividades están al margen de la minería porque ellos producen e industrializan. Ello, añadió, carece de sustento en la medida que explotan recursos naturales ya sea del suelo o subsuelo, por lo que están sujetas a obligaciones como pagar regalías y cuidar el medio ambiente.
“Estamos precisando los informes a cabalidad sobre cuántas bolsas (de cemento) han producido, cuántas entran al mercado nacional, cuánta caliza se ha utilizado porque es fácil estimar…Con eso vamos a evaluar todo aquello y en una semana vamos a tomar un información precisa de tal manera que queremos ver cuánto han explotado y cuánto han pagado en regalías”, anunció.
Aunque no precisó el período de estudio, la autoridad explicó que abarca “desde años atrás” y que en el Ministerio han observado que el pago de regalías no correspondería a los volúmenes de explotación de la materia prima. “Hay que revisar y cuantificar cuanto deberían haber pagado hasta ahora, a lo largo de los distintos años; si vemos que falta (pagos), vamos a hacer la reliquidación correspondiente”, aseguró.
La autoridad denunció el miércoles que se realizará una auditoría a la fábrica El Puente de Tarija, que forma parte de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), por una presunta defraudación tributaria. El líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Mediana es el principal accionista de la cementera Soboce.
Un trabajo de inspección también concluyó que cementeras no cuenta con licencias ambientales actualizadas, lo que implica que es una explotación “anormal” y alejada de los principios de una minería responsable. En la fábrica El Puente no había este tipo de licencia, informó.
“Nuestras comisiones están yendo a otras (fábricas), juntamente a autoridades de Gobernaciones de departamentos en los que hay esta producción”, sostuvo.
