Con el fin de generar sistemas de control y fiscalización, la Ley de la Empresa Pública prevé la creación de una oficina técnica a cargo de la Contraloría General del Estado (CGE), informó este viernes la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro.
Explicó que la ley, aprobada en la víspera, demoró dos años en su construcción e incorpora mecanismos homogéneos para la fiscalización de recursos y mecanismos de control claros que se aplican a todas las empresas sin excepción, en los que participarán los distintos «brazos del Estado» para precautelar los bienes públicos.
«El marco institucional de la Ley contempla no solamente instancias de planificación o control previo de lo que son las decisiones estratégicas, sino también ha contemplado y dimensionado lo que será el nuevo trabajo de la Contraloría General del Estado y está previsto en la ley la asignación de recursos para el funcionamiento de la Contraloría, como (también) para lo que va a ser el funcionamiento de la oficina técnica», dijo en entrevista a la Red Unitel.
Sobre la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), la ministra explicó que con esta norma era «difícil» la fiscalización y control de las empresas, más aún cuando fueron privatizadas.
En esa línea, recordó que desde el 2006 el Estado boliviano creó varias empresas y otras se nacionalizaron, de ahí que algunas tienen una razón social de Sociedades Anónimas (S.A.), otras son de Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL) y otras, inclusive, de manejo simple. Este tipo de naturalezas jurídicas hizo difícil la intervención, sobre todo de los mecanismos de la Ley SAFCO, señaló Caro.
Por ello que la nueva Ley de la Empresa Pública homogeniza todas las razones sociales de las empresas públicas y se establece un marco de control, fiscalización, regulación, pero también de penalización.
La diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola advirtió que la promulgada Ley de la Empresa Pública evitará que las mismas puedan rendir cuentas sobre los recursos que utilicen, además lamentó que las empresas públicas, a partir de la promulgación de esta ley, pasen al régimen del Código de Comercio y dejen de lado la Ley SAFCO, que regula y controla el manejo de los recursos públicos.
