Los empleados de las empresas públicas deberán sujetarse ahora a la Ley General del Trabajo con todos los beneficios que ello implica, toda vez que éstas pasaron a regirse desde el jueves al Código de Comercio y podrán ser fiscalizadas por la Contraloría General del Estado (CGE).
Así lo explicó ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, tras salir de una entrevista en radio Patria Nueva, en la que explicó los alcances de la Ley de la Empresa Pública promulgada el jueves, la cual establece que las firmas estatales no se regirán por la Ley de Administración y Control Gubernamental (Safco).
“Van a tener lineamientos en lo que es el régimen laboral. Se estableció en la ley que todos los funcionarios van a estar bajo la Ley General del Trabajo, van a tener también un régimen salarial adecuado a su tipo de trabajo”, indicó la autoridad.
Añadió que en la actualidad un buen porcentaje de las empresas públicas (22) se rigen bajo la Ley General del Trabajo, pero no precisó cuántas ni cuáles son éstas. Sin embargo, señaló que con la nueva normativa todas éstas deben migrar a esa ley, y que ese proceso se dará en la medida que demuestren su capacidad de cumplir con obligaciones sociales.
Recordó que las empresas públicas de reciente creación son las que se rigen en el Estatuto del Funcionario Público, por lo que ahora sus empleados deberán ser amparados en la norma laboral una vez que las firmas estatales inicien su transición, por lo que no se tomará en cuenta la antigüedad del empleado, pues no hay “retroactividad” de la ley.
La ministra Caro añadió que la nueva norma también incorpora la fiscalización de la CGE a las compañías estatales, pero también manda a que el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep) y la Asamblea Legislativa puedan hacer seguimiento de la información y los presupuestos de las empresas.
La nueva ley señala que en el marco de lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado (CPE), la CGE ejercerá sus competencias de control de administración sobre las empresas públicas, debiendo tomar en cuenta su régimen legal.
La Contraloría podrá establecer indicios de responsabilidad civil o penal como resultado de una auditoría externa a su cargo, debiendo ponerlos en conocimiento de las instancias correspondientes a efectos de que se tomen los recaudos necesarios para proteger y defender los intereses de las empresas públicas, informó el jueves el Ministerio de Planificación.
Detalles de la norma y el Coseep
Tipología
La nueva normativa establece cuatro tipos de empresas públicas: la Empresa Estatal (EE), Empresa Estatal Mixta (EEM), Empresa Mixta (EM) y Empresa Estatal lntergubernamental (EEI).
Creación
Se crea el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep) para la gestión empresarial de éstas. Está conformado por los ministerios de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas.
García: Firmas estatales no son competencia
Las empresas públicas estatales no se constituyen en competencia para el sector privado porque no participan en rubros estratégicos como lo hace el Estado en la cadena de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica, entre otros, aseguró ayer el vicepresidente Álvaro García a los periodistas en la ciudad de Santa Cruz.
“El Gobierno se hace cargo de sectores estratégicos que generan dividendos para (luego) distribuirlos entre los bolivianos y eso no constituye ninguna competencia para el sector empresarial boliviano. Por ejemplo, en temas de perforación de pozos, no competimos con ningún empresario boliviano porque ninguno tiene los recursos para hacer un pozo, igual con la generación de electricidad no competimos”, dijo la autoridad, tras el arribo del cuarto turbo generador de la Planta Termoeléctrica del Sur, que se construye en Yacuiba, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Recordó, más bien, que el Estado acompaña el desarrollo de la empresa privada, y está muy comprometido con ésta, pues les subvenciona la energía eléctrica.
“La energía eléctrica constituye el 15% de cualquier inversión productiva, y el Estado boliviano subvenciona dos terceras partes de ese 15%, es una forma de que el Gobierno se compromete con el sector privado para que se desarrolle”, dijo García. El jueves, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, afirmó que con la Ley de la Empresa Pública se generará una competencia para el sector.
Reglamento para compras
Para el caso de las compras y contrataciones de bienes y servicios que las compañías estatales efectuarán, éstas deberán elaborar su reglamento interno, informó la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro. “Cada empresa va a elaborar su reglamento interno como ahora está pasando con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como está pasando con ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) y como la empresa privada”.
Firmas emitirán bonos
Con la nueva Ley de la Empresa Pública, las firmas estatales podrán emitir bonos (instrumentos financieros de deuda) y contraer préstamos, para poder financiar sus proyectos, informó ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro. “Éstas tienen un régimen de financiamiento que la ley establece, de cómo pueden financiarse. Van a poder emitir bonos y contraer préstamos, eso está establecido en la ley”.
