Por Carlos Corz
El Gobierno promulgó la ley que penaliza con condenas carcelarias de tres a ocho años el avasallamiento y tráfico de tierras, además fijó un plazo de 15 días para los trámites de denuncia ante el Tribunal Agroambiental y el desalojo de forma voluntaria de predios tomados. La norma tiene como objetivo proteger y defender la propiedad privada y pública.
La Ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras, vigente desde el 30 de diciembre de 2013, señala que tanto el tráfico de tierras como el avasallamiento, definido como la invasión u ocupación de hecho de tierras, será penalizado con sanción privativa de libertad de tres a ocho años. Al menos 70 predios están tomados en el departamento de Santa Cruz, según un informe.
