Por su mayor peso demográfico, el 68% de los beneficiarios de la Renta Dignidad se concentra actualmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, de acuerdo con datos oficiales del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros.
Lo mismo sucede con el importe pagado por departamentos, aunque el porcentaje es ligeramente inferior al 68%. La información de esa cartera de Estado, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, da cuenta que el 67% del total de los recursos desembolsados para el pago de este beneficio fue destinado a esas regiones.
Desde 2008 hasta octubre de 2013, el Estado boliviano desembolsó la suma de Bs 10.166,7 millones ($us 1.460,7 millones) para el pago de la Renta Dignidad. El número de beneficiarios también se incrementó en ese periodo. En 2008, 752.700 personas mayores de 60 años recibieron el bono y, en esta gestión, al 31 de octubre, los beneficiarios suman 834.412.
El bono estatal se financia con una parte de los recursos recibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de gobernaciones, municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación (TGN), además de los dividendos de las empresas nacionalizadas (Entel, YPFB, ENDE, entre otras) y de las creadas recientemente como Boliviana de Aviación (BoA).
La Ley 3791, del 28 de noviembre de 2007, garantiza el pago del beneficio, que se realizaba de la siguiente manera: Bs 2.400 cada año (que puede cobrarse de manera mensual o acumulable) para las personas mayores de 60 años sin una renta o pensión del Sistema de Seguridad Social, y Bs 1.800 anuales para aquellos que son rentistas.
Sin embargo, el 16 de mayo de 2013, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 378 por la que se incrementó el pago mensual de Bs 150 a Bs 200 (Bs 2.400 anual) para las personas que reciben pensión de jubilación y de Bs 200 a Bs 250 (Bs 3.000 al año) para quienes no la reciben.
La Razón informó el 2 de enero que casi un tercio de la población boliviana que vive en el país (3,2 millones de personas) recibe un bono de asistencia social como parte de la política gubernamental de redistribución de la riqueza, que a su vez contribuye a la reducción de la pobreza.
Así lo señalan los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Instituto Nacional de Estadística (INE), que destacan que al menos 3,2 millones de personas de un total de 10 millones (32%) obtiene ayuda económica directa del Estado, ya sea a través del bono Juancito Pinto, para los escolares; de la Renta Dignidad, para los adultos mayores, o del bono Juana Azurduy de Padilla, destinado a las mujeres embarazadas y niños menores de dos años.
El ministro de Economía, Luis Arce, dijo a la agencia Xinhua que los bonos sociales estarán vigentes hasta cumplir los objetivos previstos por el Gobierno.
