El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el procedimiento para las clausuras de los negocios de contribuyentes por parte del SIN y exhortó al Legislativo aprobar en 6 meses una norma que regule la forma de realizar los cierres.
El abogado de los microempresarios de Bolivia, Johan Echevarría, informó ayer que el TCP declaró la inconstitucionalidad de la disposición quinta de la Ley 317 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2013, que facultaba al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) hacer clausuras de los negocios de los contribuyentes a “sola sospecha de que no estuvieran emitiendo facturas”, informó la agencia de noticias ANF desde Sucre.
“Esa disposición está expulsada del ordenamiento jurídico nacional y el TCP exhortó al Legislativo aprobar una norma que garantice los derechos y garantías constitucionales, porque con las clausuras se estaba lesionando el derecho al debido proceso, a la defensa, porque nadie puede ser condenado sin antes ser oído y juzgado previamente, y las clausuras eran una condena anticipada”, señaló.
La disposición quinta de esa norma indica que “la Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control (…)”.
La sentencia fue celebrada por los gremialistas y microempresarios que hasta hace una semana mantenían una vigilia en puertas del TCP exigiendo respuesta a su acción de inconstitucionalidad planteada en 2013.
