Encarar un arbitraje internacional hasta su conclusión tiene un costo de entre tres a cuatro millones de dólares, ya que los bufetes de abogados cobran de 700 a 800 dólares por hora de trabajo. Bolivia enfrenta ocho denuncias por la nacionalización de empresas estratégicas, informó el Procurador del Estado, Hugo Montero.
Cuatro denuncias tienen demanda formal y una de ellas sentencia a favor de Rurelec, mientras el resto la plantearon la empresas Pan American Energy LLC (PAE), BP Global Investment Limited y la española Abertis y Aena, esta última por la nacionalización de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA). “Tenemos otras cuatro procesos con notificación de controversia”.
“Los arbitrajes tienen un costo más o menos entre 3 y 4 millones de dólares, en todo su proceso”, explicó Montero en una entrevista en el programa Levántate Bolivia de la red Cadena A. Añadió que solo la cancelación de honorarios a los abogados significa erogar un monto de entre 700 y 800 dólares por hora.
“Es un costo elevado, alto”, explicó y aseguró que en el caso de la compañía británica Rurelec el Estado “ha hecho que esos gastos se reduzcan a la mínima expresión, porque el trabajo ya no es simplemente de un bufete sino de los técnicos y abogados de la Procuraduría”.
El 1 de mayo de 2010, el gobierno nacionalizó el 50,001% de las acciones que tenía la estadounidense Guaracachi America Inc. (GAI) en la Empresa Guaracachi SA (EGSA). GAI es subsidiraría de la británica Rurelec. El 31 de enero, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya notificó al Estado sobre la decisión del Tribunal de que debe pagar $us 41 millones de dólares, que incluye intereses.
Pan American Energy LLC (PAE) fue nacionalizada en enero de 2009. El 1 de mayo de ese año, el Gobierno recuperó la empresa encargada de la distribución de jet fuel en 15 aeropuertos a cargo de AIR BP. En febrero de 2013, la administración del presidente Evo Morales nacionalizó el paquete accionario de SABSA bajo el argumento de incumplimiento en el plan de inversiones.
Desde el 1 de mayo de 2006, el gobierno alentó al menos 14 procesos de nacionalización. Según Montero, en el caso de las nacionalizaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), y las compañías eléctricas de Corani, Valle Hermoso y Karachipampa, se llegó a un acuerdo para el pago de las indemnizaciones a través de la conciliación.
“Hemos resuelto como Estado varias de las demandas porque ha habido un entendimiento. Hemos conversado y nos hemos puesto de acuerdo (…) en un monto (de compensación) equilibrado, favorable a sus intereses y obviamente favorable a los intereses del Estado”, explicó.
En el caso de Rurelec, el Procurador afirmó que el Estado boliviano tiene tres meses para responder al fallo emitido por la corte de La Haya y que entre las opciones para revertir ese dictamen están la petición de nulidad o reducir la compensación a la compañía.
