La Procuraduría General del Estado (PGE) dijo que el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, de compensar a Rurelec PLC con $us 28,9 millones por la expropiación de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA), valida el proceso de nacionalización.
El procurador general del Estado, Hugo Montero, explicó ayer durante una entrevista en la estatal radio Patria Nueva que al tribunal arbitral de esa corte no se fue a discutir si era ilegal o ilegítima la medida de nacionalización que tomó el Estado, sino la de ver cuánto se debe pagar.
“Este tribunal más bien ratifica la facultad que tiene el Estado de tomar medidas soberanas, y no solamente el Estado boliviano, sino cualquier otro Estado, y ni este tribunal o cualquier otro podría declarar ilegal o ilegítima una medida patriótica como la que ha sido la nacionalización de esta empresa y de las otras, más bien la refuerza, lo dice el propio tratado bilateral de inversiones”, señaló.
Con base en ese tratado, afirmó que el Estado tiene toda la facultad soberana de “nacionalizar todo lo que quiera”, pues primero se expropia y luego se da una compensación.
El Procurador dijo que un arbitraje de esta naturaleza cuesta en promedio entre $us 2 millones y $us 3 millones, “tal vez un poco más”.
El 31 de enero, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya notificó al Estado boliviano con un laudo arbitral que dispone que deba pagar a Rurelec por la nacionalización del 50,001% de sus acciones en EGSA. Según Montero, el monto que se debe pagar a la empresa alcanza a $us 28,92 millones, más intereses.
Acciones. El presidente Evo Morales anunció el martes que se conformó un equipo jurídico presidido por el Procurador que estudiará las medidas legales que se tomará ante el fallo del Tribunal de La Haya.
El 1 de mayo de 2010, las acciones de Rurelec en EGSA fueron nacionalizadas y 12 días después del mismo mes la compañía británica interpuso una demanda de arbitraje en dicha corte en contra del Estado boliviano pidiendo el pago de $us 142,96 millones. Tras el fallo, Montero reiteró ayer que el Estado tiene un plazo de 90 días para asumir una posición respecto al fallo emitido por esa corte.
Al momento, el Estado boliviano afronta ocho procesos interpuestos por empresas extranjeras que demandan el pago de una compensación por la nacionalización de compañías, indicó el Procurador.
El 18 de diciembre de 2013, La Razón informó que de los ocho procesos, cuatro tienen demandas formales en materia de inversiones ante entidades externas, y el monto que reclaman éstas suman $us 1.870 millones. Los datos fueron expuestos por Montero, en el acto de Rendición Pública de Cuentas. (Ver infografía).
“Cuatro de esos casos de los ocho que mencionábamos están con demandas de arbitraje formal y en proceso arbitral formal, me refiero a Guaracachi América Inc. y Rurelec, Quiborax & Non Metallic Minerals, Abertis Infraestructuras, Pan American Energy (PAE)”, detalló Montero. En tanto, que los otros cuatro casos tienen notificaciones diferentes pero no exigen montos específicos.
Algunos casos y el tribunal
Préstamo
Para llevar adelante el arbitraje contra Bolivia, Rurelec “se hizo financiar” con $us 15 millones este proceso, aseguró el procurador General del Estado, Hugo Montero.
PAE
Datos de la Procuraduría indican que hasta septiembre de 2014 fue suspendido el proceso de demanda internacional de arbitraje que inició Pan American Energy (PAE) contra el Estado en el CIADI por la nacionalización de sus acciones en la actual YPFB Chaco SA (50% del paquete accionario).
