La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó ayer que identificaron a cuatro ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuyos ingresos no coinciden con lo que ganan en la petrolera.
La autoridad dijo que su despacho ya remitió el informe al Ministerio Público sobre los ingresos que perciben estos ejecutivos y que no se ajustan a los salarios que ganan en la petrolera. “Ya hemos remitido al Ministerio Público este informe y hemos podido detectar que hay cuatro personas cuyos ingresos no están con lo percibido”, dijo la ministra.
Añadió que ahora esa tarea le compete a la Fiscalía, que tendrá que verificar si todo está en orden. “Y también será un tema de que ellos puedan descargar ahí si realmente sus ingresos coinciden con los montos que han sido manejados por éstos”, dijo Suxo, en un acto por el Día Nacional de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción realizado en la Plaza Mayor de La Paz.
La autoridad, sin embargo, no dio detalles de quiénes son estos cuatro ejecutivos de YPFB, pero reiteró que “hay un incremento que no es sostenible con los ingresos que han tenido”.
El 3 de febrero, el diario Página Siete publicó que la “Fiscalía indaga a ejecutivos de YPFB por ganancias ilícitas” con base en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
En este documento —según la publicación— se señala al director jurídico de la petrolera estatal, Marcelo Canseco; al gerente nacional de Administración y Finanzas, Edwin Aldunate, y al exgerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Gerson Rojas. Este último tiene detención preventiva por presuntos hechos de corrupción.
Desconocimiento. Al día siguiente de la publicación, Canseco y Aldunate dijeron desconocer el informe de la UIF, que les atribuye supuestas irregularidades en sus funciones. Canseco acusó a Página Siete de tergiversar la veracidad de los hechos, porque no averiguó la versión de la contraparte para cruzar información con ellos.
En 2012, el exejecutivo de YPFB Gerson Rojas fue detenido y acusado de cobrar un soborno para favorecer a una empresa argentina en una licitación, por lo que fue enviado a Palmasola. Ya en la cárcel, Rojas acusó a Canseco y Aldunate de ser los responsables de elaborar el contrato con la empresa observada. Aldunate indicó que solicitará una auditoría forense a todos los procesos que se le atribuyen.
