La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro Hinojosa, ratificó el martes que en el marco de la nueva Ley de Promoción de Inversiones, el Estado boliviano dará incentivos a los inversionistas privados, pero que éstos serán retirados si no generan los resultados esperados.
Caro asistió ayer a la sesión de informe de explicación del alcance y objetivo de este proyecto de ley ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, donde la norma se aprobó en su estación en grande y en detalle, aunque con algunas modificaciones.
La ministra, en el tema de los incentivos, explicó que esta nueva norma es “una ley de gestión por resultados”. En esa medida, enfatizó que “en la medida que el incentivo esté generando el impacto que queremos, el incentivo se va a mantener”. “Hay un compromiso entre el Estado e inversionistas en que vamos a promover y facilitar la inversión, pero también necesitamos tener resultados”.
Recordó que Bolivia tuvo experiencias negativas en el pasado en la otorgación de incentivos sin resultados que beneficien al país. Es por ello que advirtió que “la ley también prevé que el Ministerio de Planificación, después de un seguimiento y evaluación de las inversiones, va a recomendar que el incentivo se retire”.
Preferente. La autoridad explicó que existen dos tipos de incentivos: generales y específicos. Los primeros benefician a cualquier sector de la economía, como el turismo o la construcción, y los segundos se refieren a “inversiones preferentes” de sectores estratégicos, de generación de empleo y transferencia tecnológica como de desarrollo regional.
En este grupo se incluye a los hidrocarburos, minería, energía y transporte que contribuyan a generar valor agregado.
Caro precisó que existen más de 15 normas que brindan incentivos para la inversión en el país, pero que ni los privados nacionales ni extranjeros “han aprovechado de esas ventajas”. Citó como ejemplo la Ley de Promoción Económica de El Alto, la norma de Cobija, la Ley Santiváñez de Cochabamba, entre otras.
“Ésa es una señal que ponerla por escrito (los incentivos) no nos garantiza nada, buscamos un mecanismo que permita que cuando demos incentivos logremos impactos en desarrollo y crecimiento para el país”, comentó la Ministra de Planificación.
La autoridad sostuvo que los incentivos tributarios, financieros o de otra índole serán creados para cada proyecto, no de forma general, porque cada proyecto será diferente en cada rubro de la inversión.
Otra precisión que hizo la ministra fue que todos los contratos que se firmen serán enviados a la Asamblea Legislativa para su “autorización y aprobación”. “Creemos que hemos logrado este mecanismo a través de los contratos que por Constitución deben ir a la Asamblea, estos contratos son específicos, se refieren a proyectos de producción, creemos que éste es el canal por donde podemos lograr mayor impacto en las inversiones y tener un diseño de mecanismo e incentivos adecuados a cada proyecto”, dijo. Además, ratificó que todas las inversiones serán registradas en el Banco Central de Bolivia para las extranjeras y en el Ministerio de Planificación para las nacionales.
La norma pasa hoy a presidencia de Diputados y luego pasa a la Cámara de Senadores para su revisión.
‘La nacionalización se mantiene por soberanía’
Edgar Toro
El tema de la nacionalización se mantiene en la Ley de Promoción de Inversión por una cuestión de “soberanía”, manifestó ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, en su informe ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja.
“Es un círculo que responde a un principio internacional de reglas claras, el Estado (boliviano) tiene esta política y la mantiene en lo que es la nacionalización, es un tema de soberanía, está incorporado, no podemos dejar de señalar porque es un elemento que va a estar presente”, aseveró.
Explicó que en la medida que esta ley entre en vigencia, se tendrán “reglas muy claras” y criterios precisos acerca de las inversiones que lleguen al país. Entonces, “no va a haber elementos que motiven una nacionalización de estas inversiones”, expresó Caro y añadió que es una “buena señal” que da el país.
Resaltó que ahora se tendrá una ley clara, todo ordenado y adecuado para las inversiones y sobre esa base siempre habrá un acuerdo para evitar controversias, “aunque en casos extremos se tenga que recurrir a las normas de arbitraje”.
