Un grupo de extrabajadores de la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) exige el pago de unos $us 5 millones, que les correspondería por el 10% de las acciones de la empresa que les fueron otorgadas el 4 de septiembre de 1975. La cementera dice que éste es un reclamo injustificado.
En un acto público realizado en esa fecha, por el 50 aniversario de la cementera, se realizó la entrega simbólica de más de 56.000 acciones a 179 trabajadores y obreros por los servicios prestados a la empresa, explicó el representante legal de los jubilados de la cementera paceña, Javier Salinas.
Documentos en mano, el abogado afirmó que en la Memoria Anual de 1976 ya se hace mención a la entrega del 10% del paquete accionario de la empresa a 179 trabajadores y obreros de la empresa, lo que impulsó a los ahora jubilados a iniciar el proceso.
En las memorias de 1978, 1980, 1981, 1985 y 1994 también se puede observar que en la Nómina de Accionistas se incluye el paquete accionario de la asociación laboral.
Según la memoria de 1981, las acciones de los trabajadores ascendían a 115.723. Los títulos entregados fueron colectivos, representando un estimado de $us 27.932 por persona, dijo Salinas y añadió que este monto no considera el crecimiento de la empresa y el valor de las acciones actuales.
A los 19 años de la entrega de ese beneficio, en 1994, mediante una “fotocopia simple” presentada por el principal accionista de Soboce, Samuel Doria Medina Auza, se “disuelve y deja sin efecto los derechos de la asociación laboral”, denunció el representante legal de los jubilados.
Salinas aseguró que este proceso de anulación se hizo mediante un testimonio “fraguado”, mismo que no cuenta con un número de registro y tampoco está archivado en la Notaría de Fe Pública donde fue redactado.
Agregó que en una “supuesta” reunión de trabajadores y obreros que se encontraban en la planta de Viacha, decidieron renunciar a este beneficio de la empresa cementera. “Nunca hubo una asamblea de ese tipo, por lo que el supuesto testimonio es un documento ilegal, no válido e irregular”, manifestó.
FISCALÍA. A raíz de esa situación, según uno de los documentos entregados a este medio, la entonces fiscal de materia Elsi Villafranqui indicó que el documento era “fraguado” y que se declare improbado, argumentando “error de inducción” para que los trabajadores desconozcan las acciones.
“Obligaron a firmar un documento privado a los obreros, en el que en reiterados puntos resaltaban que no podían proceder a ningún proceso de reclamo de acciones”, explicó Salinas.
En el documento privado se hace mención a la entrega de montos de dinero a los empleados como un “aporte voluntario”.
Sostuvo que del total de obreros beneficiados, en la actualidad solo viven aproximadamente 60. “Las viudas y los herederos continúan con la lucha de nuestros abuelitos, que murieron con síntomas similares al mal de minas. Gran parte padece de enfermedades pulmonares crónicas”.
El secretario general de los Jubilados de Soboce, José Montalvo, declaró que desde que se otorgaron las acciones, nunca les entregaron las ganancias que corresponden por las acciones. El 5 de febrero de 2013, los representantes de los extrabajadores presentaron una denuncia por presunto delito de estafa contra sus ejecutivos.
Pruebas de la denuncia de estafa
AUTORES
El Informe Conclusivo del caso 1304/13, realizado por el investigador de la Policía Jhonny Coca, indica que por los antecedentes expuestos existen elementos de convicción para sostener que los ejecutivos son autores de las denuncias.
Cementera dice que reclamo es injustificado
El subgerente nacional de Recursos Humanos de la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce), Daniel Gross, dijo a La Razón que el pedido de los jubilados y rentistas de la empresa no tiene fundamento legal y “va más allá de la normativa vigente”.
“Los extrabajadores de la Sociedad Boliviana de Cemento SA desde hace un tiempo atrás están reclamando de manera injustificada y carente de todo fundamento legal un supuesto derecho societario de los mismos sobre la empresa”, dijo en respuesta a un cuestionario enviado por este medio.
Indicó que esta solicitud “va mas allá de la normativa vigente”, por lo que la empresa considera que “en caso de que existiera alguna diferencia o controversia, debería tratarse en la Justicia, como corresponde”.
Gross fue enfático al señalar que Soboce es una empresa apegada al cumplimiento de la ley y en ese sentido hará “uso de sus derechos legales para defenderse”.
El ejecutivo manifestó que los extrabajadores, con “motivaciones desconocidas y en provecho propio, quieren dañar la imagen y reputación de la empresa cementera” con este tipo de información.
