El ministro de Minería, Mario Virreira, afirmó el sábado que las modificaciones propuestas a la Ley Minera que se debate en la Cámara de Diputados no conculcan ningún derecho de los cooperativistas mineros, que se oponen a esos cambios, sino busca defender los intereses del Estado y del pueblo boliviano, en apego a la Constitución Política del Estado.
Virreira descartó cualquier intención de perjudicar a los cooperativistas, que recordó están reconocidos por la Carta Magna, y llamó a la reflexión a ese sector para encontrar un acuerdo para que el proyecto de Ley, que se trabajó más de 3 años, no tenga observaciones futuras de inconstitucionalidad.
‘A pesar que se dice que se ha trabajado 3 años pero en su momento hemos tenido nosotros otro criterio que debemos reconocer con hidalguía que en el fondo posiblemente nos hemos equivocado en una interpretación, pero ya estamos en estas instancias de aprobación y bueno si era inconstitucional de todas maneras la observación iba a surgir en cualquier momento y esa ley hubiera sido invalidada’, fundamentó en una entrevista con la Red Patria Nueva.
En esa línea, dijo que es oportuno salvar esa observación, que ha ocasionado la molestia del sector cooperativo, pero aseguró que no se trata ‘de liquidar a la actividad cooperativa’.
‘Eso no es evidente’, matizó y aseguró que el único problema es el artículo 151 del proyecto de Ley que ‘pretende dar derechos que no corresponde a una cooperativa, que no puede contratar directamente a una empresa privada’, porque se estaría quitando ese rol al Estado, de administrar los recursos mineralógicos, como manda la Constitución Política del Estado.
‘El artículo 349 de la CPE señala que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo indivisible e indescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo’, respaldó.
‘Eso es lo único que se está observando, y tenemos que preservar esa función, ese rol, esa potestad del estado boliviano de poder hacer estos contratos en las que participan los privados o cualquier actor estatal, ese es el fondo del problema’, complementó.
