El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores, David Sánchez, anunció hoy que esa instancia procederá a un ‘saneamiento legislativo’ a los 42 contratos que firmaron mineros cooperativistas con empresas privadas y transnacionales.
‘Un saneamiento legislativo sería conocer estos 42 contratos y adecuarlos a la Constitución Política del Estado, contrato por contrato, como manda la Constitución el Estado boliviano a través de la Asamblea Legislativa tiene que aprobar cada contrato’, afirmó en entrevista con los periodistas.
Sánchez apuntó que es importante que el país conozca el contenido de esos contratos y el ‘daño’ que provocaron al ‘erario’ nacional.
‘Primero es importante que el país conozca estos 42 contratos hay que ser muy serios en este tema, segundo es que el Gobierno da a conocer estos temas, por eso se requiere de un saneamiento legislativo, el tercer elemento es ver cuál es el daño que han provocado al erario nacional al ingreso de los bolivianos y bolivianas’, remarcó.
A su juicio hay división en el sector cooperativista porque varios socios fueron ‘engañados’ al no tener conocimiento de la firma de esos contratos con el empresariado privado, que ‘se llevaron todos los recursos económicos del Estado’.
‘Me temo que muchos cooperativistas, no todos, creo que hay una división de los cooperativistas que han ido generando estos acuerdos a espaldas de una gran mayoría de los asociados, el mal empresariado se aprovechó de ellos, seguramente invirtió con ellos para beneficiarse del 80% de sus utilidades unas migajas de los socios cooperativistas y juntos darle ese 1% al Estado’, respaldó.
Indicó que el Gobierno debe entregar los 42 contratos a la Asamblea Legislativa para que se analice en las dos instancias legislativas.
‘La Asamblea tiene que tomar acciones como dice la Constitución Política del Estado, en esa perspectiva el Gobierno deberá entregar a la Asamblea Legislativa esos 42 contratos para que la Asamblea tenga que procesar su tratamiento tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta y de acuerdo a la Constitución se tiene que aprobar, cada contrato sabe quién es el socio, como está vinculado aquello y cuál es el beneficio que hay que darle al Estado boliviano’, subrayó.
En la víspera, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, develó que las cooperativas mineras firmaron 42 contratos con empresas privadas y transnacionales, a título de operación que transfiere a los privados el total de la explotación de las áreas designadas por el Estado.
